Según el informe «Estado de País 2025: Seguridad y Justicia» presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 311 mil familias hondureñas han sido víctimas de  extorsión, pese a los esfuerzos gubernamentales en materia de seguridad, este flagelo continúa siendo uno de los delitos más persistentes y perjudiciales en Honduras.

Aunque se ha registrado una reducción en la tasa de homicidios, el director de ASJ, Carlos Hernández, señala que esto no significa que la criminalidad haya disminuido en general.

“Es positivo que bajen los homicidios, pero la criminalidad no ha disminuido”, advirtió, refiriéndose al alto nivel de impunidad que persiste, especialmente en casos de violencia contra mujeres, menores de edad y miembros de la comunidad LGBTI+.

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Extorsión sin respuesta efectiva en Honduras

El informe revela que los agentes encargados de investigar estos delitos como la extorsión en Honduras, enfrentan múltiples desafíos, como la falta de recursos, equipamiento y coordinación. Así mismo, en zonas críticas como Nueva Suyapa, Nueva Capital y la Laguna, los investigadores deben ir y cubrir esos territorios extensos sin contar con los medios adecuados.

Por lo que a esto se suma la desigualdad en el uso de recursos, ya que algunos funcionarios disponen de vehículos oficiales, mientras que otros carecen incluso de lo básico para operar.

De igual manera, la ASJ subraya que la seguridad debe abordarse de manera integral, y no desde la confrontación política. En este sentido, Carlos Hernández lamentó que la administración de la presidenta Xiomara Castro “decidió pelear con todos y atacar a todos”, lo cual, según dijo, podría agravar aún más la situación de inseguridad en el país.

Falta de coordinación y desgaste en los cuerpos de seguridad

Uno de los puntos más preocupantes que destaca el informe es la falta de armonización entre las distintas agencias de seguridad, lo cual debilita las estrategias de prevención y combate del crimen organizado.

Este informe también revela condiciones preocupantes dentro de la Policía Nacional, donde hay agentes que llegan a trabajar hasta 48 horas seguidas, mientras que otros “trabajan muy poco”, evidenciando problemas estructurales graves en la distribución de la carga laboral y en la organización interna.

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