El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, arremetió contra las declaratorias emitidas el 24 y 30 de diciembre, al asegurar que buscan convertir en “verdad jurídica” lo que, a su criterio, constituye una usurpación de la voluntad soberana del pueblo hondureño.

A través de un extenso pronunciamiento en la red social X, Ochoa afirmó que miles de votos no fueron contabilizados y que la decisión final sustituyó la voluntad popular por el voto de dos consejeras propietarias y un consejero suplente.

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Actas sin contar y resultados anticipados

Según Ochoa, el CNE declaró resultados sin concluir el escrutinio de centenares de actas con inconsistencias. Detalló que 230 alcaldías y 18 planillas de diputados recibieron declaratoria sin que se completara el conteo total de los votos, lo que, afirmó, compromete la legitimidad del proceso.

El consejero también señaló que permanecen impugnaciones sin resolver en los distintos niveles electivos: 84 en el nivel presidencial, 114 en alcaldías y 90 en diputaciones, pese a que la ley electoral exige agotar estos recursos antes de oficializar resultados.

Miles de votos fuera del cómputo

Ochoa aseguró que aún existen actas que no se incorporaron al sistema de cómputo. Entre ellas mencionó 306 actas presidenciales, 2,620 actas de diputados y 1,848 actas municipales, que representan a más de 1.5 millones de electores. Recordó que la Ley Electoral establece que los ganadores se definen por mayoría simple, por lo que incluso un voto puede alterar un resultado.

Cuestionamientos legales y advertencia constitucional

El consejero denunció además presuntas violaciones a la Ley Electoral, como la integración de un consejero suplente sin convocatoria al pleno y sin ausencia del propietario, lo que —según afirmó— contraviene artículos clave de la normativa vigente.

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También acusó el incumplimiento del mandato legal de escrutinio, que obliga a contar los resultados de cada Junta Receptora de Votos.

Finalmente, Ochoa advirtió que la usurpación de la soberanía popular se tipifica en la Constitución como delito de traición a la patria, de carácter imprescriptible. “La responsabilidad nunca se extingue”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones legales.