La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, solicitó al Ministerio Público actuar de oficio luego de que el consejero Marlon Ochoa reconociera públicamente haber obtenido grabaciones privadas sin autorización judicial.

López calificó la situación como preocupante y pidió medidas inmediatas, mientras la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un llamado a la calma y al respeto institucional.

¿Qué denunció Marlon Ochoa ante el Ministerio Público?

Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) ante el CNE, presentó una denuncia formal entregando una memoria USB con 24 audios que, según él, contienen conversaciones entre una consejera del CNE y un jefe de bancada del Congreso Nacional.

“Mi denuncia se fundamenta en información y material de audio que vengo obligado a transmitir a las autoridades competentes para que sea sometida a una investigación rigurosa por tratarse de la existencia y organización de un plan que tiene por objetivos claros desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general 2025 y generar y promover una crisis de legitimidad y desestabilización postelectoral. En los audios recibidos y que se entregan participan las voces identificadas de una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral y del jefe de bancada de un partido tradicional”, expresó Ochoa.

Ochoa sostuvo que su intención es que las autoridades determinen si existe responsabilidad legal y aseguró que su denuncia busca proteger la transparencia del proceso electoral.

¿Por qué López pidió acción del Ministerio Público?

Tras las declaraciones de Ochoa, la consejera Cossette López consideró que el funcionario admitió públicamente haber obtenido grabaciones privadas sin autorización judicial, lo que podría constituir un delito.

“Es preocupante que un funcionario reconozca en Televisión Nacional estar incurriendo en un acto ilícito y exigimos a las autoridades fiscales que tomen acciones inmediatas. Ustedes me están diciendo que el consejero dijo en televisión pública que está cometiendo un delito, porque las conversaciones son privadas y, mientras no haya orden judicial, no deben ser interceptadas”, manifestó López.

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¿Cuál es la preocupación de la consejera sobre las grabaciones?

Cossette López enfatizó el riesgo que implica que un funcionario presuma públicamente de un acto ilegal y advirtió sobre la vulneración de derechos y la legalidad:

“Es realmente preocupante. Entonces estamos en dictadura porque estamos con interceptaciones de teléfono. Habría que evaluar qué es lo que hay, pero lo preocupante es que una persona se jacte en televisión nacional de estar cometiendo un delito y en este momento está en flagrancia. Así que me pregunto yo, ¿qué van a hacer las autoridades sobre alguien que tiene grabaciones de una persona?”, añadió López.

¿Qué postura asumió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall?

Ana Paola Hall hizo un llamado a la calma y recordó que el CNE será la única autoridad encargada de anunciar los resultados oficiales de las elecciones el próximo 30 de noviembre:

“El CNE nació para garantizar elecciones limpias y confiables. Hago un llamado de atención en este sentido: el CNE debe generar confianza. Les recuerdo a los funcionarios y consejeros del CNE, compañeros, que el artículo 15, numeral 3, de la Ley Electoral establece la prohibición a los consejeros de expresar públicamente o insinuar sus opiniones sobre asuntos que están sometidos a su consideración”, subrayó Hall.

Hall reiteró que, más allá de las diferencias políticas, el compromiso institucional del CNE es con la democracia y con la voluntad expresada en las urnas.

¿Qué ocurre actualmente en el proceso electoral?

La denuncia de Marlon Ochoa y la reacción de los consejeros se producen durante la etapa preparatoria de las elecciones generales de 2025, un período en el que el CNE busca garantizar transparencia y confianza ciudadana.

Mientras el Ministerio Público analiza las pruebas entregadas por Ochoa, el organismo electoral enfrenta el reto de mantener la estabilidad institucional y la credibilidad del proceso. En las próximas semanas se espera que las autoridades competentes determinen si las grabaciones presentadas tienen validez legal y si constituyen evidencia de alguna irregularidad.

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