El Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 2026-12, mediante el cual se retiran las facultades administrativas absolutas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le permitían nombrar o destituir personal de manera discrecional. La medida transfiere estas competencias al pleno de los quince magistrados del máximo tribunal del país.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, marca un nuevo capítulo en la reorganización del poder judicial hondureño y busca mejorar la eficiencia y control interno del sistema de justicia.

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Proyecto de ley para reorganizar la Judicatura

Tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa anterior, magistrados de la CSJ iniciaron la redacción de un anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Este documento, que podría incluir más de cien artículos, busca establecer reglas claras para la selección, ascensos y supervisión de jueces y magistrados.

Se crearon tres comisiones internas que analizarán nombramientos, disciplina judicial y la redacción final del proyecto. Entre los principales objetivos están la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, agilizar los trámites pendientes y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

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Reacciones y desafíos en la independencia judicial

Históricamente, el Consejo de la Judicatura ha sido el órgano encargado de administrar y supervisar el sistema judicial conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nueva propuesta busca reforzar la independencia judicial y garantizar procesos más claros.

Sin embargo, diversos sectores jurídicos han expresado preocupación sobre posibles afectaciones a la autonomía de los jueces. Expertos señalan que la manera en que se estructure la judicatura podría impactar directamente en la imparcialidad de los magistrados y en la separación de poderes.

Previo a la aprobación del decreto que limitó las facultades de la presidenta de la CSJ, algunos especialistas sugieren que debió revisarse a fondo los nombramientos y contrataciones recientes para confirmar que cumplieran con concursos, requisitos de idoneidad y la Ley del Poder Judicial. Pese a ello, nueve de los quince magistrados determinaron que todo estaba en orden, lo que genera cuestionamientos sobre posibles intereses internos.

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