La Corte del Distrito Sur de Nueva York dará a conocer este jueves (06-11-2025), la sentencia contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado por delitos vinculados al narcotráfico.

El caso adquiere gran relevancia para la clase política hondureña, tanto por la magnitud de los señalamientos como por las posibles revelaciones que podrían surgir en la audiencia, sumándose a lo ya expuesto en sesiones anteriores.

Martínez Turcios, detenido y extraditado en marzo de 2023, ejerció como diputado por el departamento de Colón entre 2010 y 2018, bajo las filas del Partido Liberal. En diciembre de 2024 decidió aceptar uno de los tres cargos que le imputaba la Fiscalía estadounidense: conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

Sin embargo, negó otros señalamientos relacionados con el cartel “Los Cachiros” y rechazó haber participado en asesinatos o torturas en Honduras.

Vínculos con Los Cachiros y lavado de activos

Documentos judiciales señalan que el exlegislador figuró como socio testaferro (persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona),  de la empresa Ganaderos, sancionada por la OFAC, desde donde se habrían gestionado créditos millonarios para ocultar dinero procedente del narcotráfico. Entre 2009 y 2014, Martínez Turcios habría aconsejado utilizar a políticos, jueces y abogados como representantes legales para evadir sospechas sobre las transacciones.

La Fiscalía  lo vincula con reuniones en las que participaron otros políticos hondureños asociados al crimen organizado, según declaraciones de testigos cooperantes.

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Una red de narcotraficantes y operadores armados

Según Rivera Maradiaga, Midence Oquelí mantenía relación directa con los principales líderes de Los Cachiros, entre ellos Javier Rivera Maradiaga, y participaba en actividades que incluyeron tráfico de cocaína, protección armada y operaciones para garantizar el paso de drogas desde Venezuela y Colombia hacia Guatemala y Estados Unidos.

Reuniones políticas y un video bajo confidencialidad

Durante la audiencia de Devis Leonel Maradiaga,  se presentó un fragmento de video correspondiente a una reunión celebrada en 2014, en la que aparecen los exdiputados Víctor Sabillón, Fredy Nájera y el propio Midence Oquelí.

Según el testimonio, el encuentro habría tenido como propósito acordar la designación de un aliado político —Mauricio Rivera— como presidente del Congreso Nacional para asegurar “protección política” a las actividades ilícitas de Los Cachiros.

Aunque el juez Lewis Kaplan ordenó que las pruebas audiovisuales se mantendrían bajo estricta confidencialidad, el material confirma la presencia de Oquelí en espacios donde se discutían acuerdos entre políticos y narcotraficantes.

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Narcovideo Carlos Zelaya

Asimismo, volvió a mencionarse la existencia de un nuevo “narcovideo”, similar al difundido en agosto de 2024, en el que aparecía Carlos Zelaya —cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales negociando presuntos sobornos.

En aquel momento, la difusión del video encendió alertas sobre el alcance de las conexiones entre estructuras criminales y figuras políticas hondureñas; sin embargo, desde entonces el material no ha vuelto a ser mencionado públicamente.

Sobornos y partidos señalados

Rivera Maradiaga afirmó que, entre 2009 y 2014, Los Cachiros implementaron un esquema de sobornos dirigido a diputados de los tres principales partidos políticos: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Los pagos se realizaban a cambio de protección, información privilegiada y control territorial ligado a pistas clandestinas y operaciones de tráfico de drogas.

Señalamientos por participación en asesinatos

Aunque estos cargos no serán juzgados en esta sentencia, la Fiscalía presentó un listado de crímenes violentos en los que presuntamente participó Martínez Turcios:

• Asesinato del diputado Juan Ramón Martínez.

• Asesinato del periodista Nahúm Palacios y de su pareja.

• Asesinato de Salvador Regalado, empleado de Los Cachiros.

• Asesinato de un hombre conocido como “Max”.

• Orden de ejecución contra el sicario rival “Mantequilla”, secuestrado, torturado y asesinado en 2012.

Según declaraciones de los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, líderes de Los Cachiros y testigos clave, el asesinato del diputado Juan Salgado habría sido ordenado tras un conflicto político relacionado con el fallido nombramiento de Martínez Turcios como viceministro de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya.

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Fiscalía pide 30 años; defensa pide 12

Los fiscales federales solicitan una pena de 30 años de prisión, mientras que la defensa de Martínez Turcios pide una sentencia reducida de 12 años, alegando cooperación y aceptación parcial de responsabilidad.

La Fiscalía sostiene que el exdiputado fue un político al servicio del narcotráfico, que usó su cargo público y su formación militar para garantizar la impunidad y facilitar operaciones ilícitas. Según los expedientes, Martínez Turcios habría movido cargamentos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia hacia Guatemala, en ruta a Estados Unidos, apoyado por hombres fuertemente armados.

Durante el juicio, los fiscales aseguraron que recibió más de un millón de dólares entre 2004 y 2014 por parte del cartel “Los Cachiros”, actuando como enlace político, operador logístico y facilitador de lavado de activos.