La comisión interventora nombrada por el gobierno del presidente Nasry Asfura comenzó a presentar los primeros resultados del proceso de revisión y reorganización en varias instituciones del Estado. Según el informe preliminar, más de 2,000 empleados han sido identificados para posibles procesos de liquidación, mientras que el Estado dispone de más de 200 millones de lempiras para cubrir prestaciones laborales.

Primer informe tras intervención de siete instituciones

De acuerdo con el reporte inicial, la comisión creada por el Ejecutivo lleva aproximadamente diez días evaluando la situación administrativa y laboral en al menos siete instituciones públicas.

El objetivo es determinar la estructura real del personal, revisar contratos y establecer qué plazas son necesarias dentro del proceso de reorganización del aparato estatal.

Las autoridades analizan si los empleados fueron contratados mediante acuerdos permanentes, contratos temporales u otras modalidades laborales, además de verificar la disponibilidad presupuestaria para cubrir las liquidaciones que correspondan conforme a la ley.

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Revisión caso por caso de los empleados públicos

El abogado Héctor Pérez explicó que el proceso debe realizarse caso por caso, revisando la fecha de contratación, las funciones asignadas y la necesidad real de cada puesto dentro de las instituciones intervenidas.

Según lo expuesto, algunos trabajadores contratados en los últimos meses de la administración anterior podrían quedar fuera si se determina que sus plazas no eran necesarias dentro de la estructura institucional. Sin embargo, también se analiza la posibilidad de que parte del personal continúe laborando, especialmente si algunas dependencias mantienen sus funciones dentro del Estado.

Gobierno asegura respeto a derechos laborales

Las autoridades han reiterado que el proceso de depuración administrativa no implicará despidos sin el reconocimiento de los derechos laborales.

Cada trabajador deberá recibir las prestaciones correspondientes según lo establecido en la legislación laboral hondureña y en los convenios internacionales que protegen a los empleados.

Para ello, el gobierno ha destinado más de 200 millones de lempiras con el objetivo de cubrir indemnizaciones y obligaciones laborales derivadas de la reorganización institucional.

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Reestructuración del Estado y posible cierre de dependencias

El proceso también contempla la posible desaparición o integración de algunas instituciones dentro de otras dependencias del gobierno central.

Entre los cambios mencionados se encuentra la reestructuración de entidades que operaban en la administración anterior, cuyas funciones podrían trasladarse a otras secretarías de Estado.

Además, algunas dependencias pasarían a depender directamente de la Secretaría de la Presidencia, como parte del plan gubernamental para reducir la burocracia estatal y reorganizar la estructura administrativa del país.

Esperan informe completo en las próximas semanas

Las autoridades indicaron que el documento presentado corresponde únicamente a un informe preliminar, por lo que en las próximas semanas se espera un reporte más detallado sobre la situación financiera, administrativa y laboral de las instituciones intervenidas.

Mientras tanto, la comisión continuará revisando expedientes y contratos con el objetivo de definir qué instituciones continuarán operando, cuáles serán fusionadas y cuáles desaparecerán dentro del proceso de reestructuración del Estado.

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