Después de pasar 25 días en prisión, Carmen Lucía Matamoros Hernández, una mujer de 62 años, recuperó su libertad este jueves gracias a medidas sustitutivas otorgadas por un tribunal, luego de haber sido condenada por alterar sin autorización una vivienda catalogada como patrimonio histórico en Catacamas, Olancho.

El caso de Carmen Matamoros generó indignación en su comunidad, que se movilizó en reiteradas ocasiones exigiendo su liberación. A su salida de la cárcel, fue recibida con aplausos por decenas de vecinos que consideraron su castigo desproporcionado.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Hondureña fue arrestada tras intentar remodelar su casa: este fue el motivo

¿Qué incluía la sentencia?

La sentencia original incluía tres años de cárcel, una multa económica de 234 mil lempiras, la suspensión temporal de sus derechos ciudadanos y una inhabilitación especial. Todo por realizar remodelaciones en su vivienda en el año 2020, sin contar con los permisos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

Según la acusación, la mujer utilizó concreto fundido, lámina de zinc y ladrillo rafón para reparar su casa, ubicada en una zona de valor patrimonial, y llegó a demoler el 50 % de la fachada.

Las autoridades consideraron que esta acción violó la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural, que impide alteraciones sin autorización en inmuebles históricos.

Durante el proceso, Matamoros explicó que su intervención se debió al deterioro extremo del techo, que ponía en riesgo su vida. Su defensa argumentó que actuó por necesidad ante el abandono estatal de las viviendas patrimoniales.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: «Vayan preparando sus ofrendas» Pastor evangélico desata polémica al pedir diezmo y regalos para su hijo por nacer

“El Estado no ha dado mantenimiento a estas estructuras en más de un siglo, pero castiga a quienes, por necesidad, intentan conservarlas con lo poco que tienen”, señaló su abogado.

El caso ha reavivado el debate sobre la rigidez de las leyes de protección patrimonial frente a las condiciones de vida de quienes habitan estos inmuebles.