El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, destacó que aún hay 167 víctimas del golpe de Estado de 2009 en Honduras que esperan justicia por las violaciones a sus derechos fundamentales.

Estas declaraciones se dieron en el marco del reconocimiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de los avances en el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en el país.

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Uno de los casos más emblemáticos es el de Isy Obed Murillo, un joven asesinado durante las manifestaciones contra el golpe de Estado.

El Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales contra tres oficiales de la antigua cúpula militar por este crimen, un hecho que marca un precedente en la búsqueda de justicia.

Familias que buscan justicia y paz

Doris Moncada, madre de Wilfredo Moncada, un joven de 17 años que también perdió la vida en el contexto del golpe, expresó que este avance representa un respiro para las familias afectadas, aunque reconoce que nada les devolverá a sus seres queridos.

Reconocimiento a los avances y debate sobre justicia transicional

Organizaciones como ACI Participa han reconocido la labor del Ministerio Público y otras entidades por su compromiso en poner fin a las violaciones de derechos humanos en Honduras.

Según Hedme Castro, representante de esta organización, estos pasos son esenciales para reconstruir la confianza en las instituciones estatales.

No obstante, el proceso ha generado controversia. Félix Ávila, exjuez de sentencia, calificó las acciones como una forma de venganza en lugar de justicia transicional, un concepto que debería centrarse en el perdón y la reconciliación.

Un largo camino por recorrer

A pesar de los avances, el camino hacia la justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2009 sigue siendo largo y complejo.

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Enrique Flores Lanza subrayó que se debe continuar trabajando para garantizar que cada una de las 167 víctimas pendientes reciba el reconocimiento y la reparación que merecen.

El caso de Isy Obed Murillo y el procesamiento de altos mandos militares representan un paso significativo, pero también evidencian los desafíos de un sistema judicial que busca sanar las heridas del pasado sin caer en los errores del presente.

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