La académica Julieta Castellanos calificó como acertada la medida del presidente de Honduras que limita el otorgamiento de pasaportes especiales a quienes ejercen funciones públicas de alto nivel, tras la controversia generada por la decisión del ex canciller Enrique Reina de otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios.

Según Castellanos, la entrega de estos documentos debería estar estrictamente vinculada a cargos que impliquen responsabilidades delicadas y acceso a privilegios necesarios para cumplir funciones oficiales, como ocurre con los presidentes, los titulares del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

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Críticas al manejo anterior

La académica manifestó su sorpresa por la acción de Reina, señalando que Libre, partido en el poder, se ha presentado históricamente como un movimiento antielitista, crítico de los privilegios y defensor de la igualdad.

“Se esperaba que la administración se mantuviera coherente con estos principios”, afirmó, destacando que otorgar pasaportes diplomáticos de por vida a exfuncionarios y sus cónyuges constituye un abuso de autoridad y una práctica elitista.

Castellanos cuestionó la meritocracia detrás de los cargos beneficiados, destacando que muchos de los nombramientos no se lograron por concurso ni logros profesionales, sino por afinidad política o militancia activa en el partido.

Evaluación de funcionarios y servicios públicos

Además, la académica respaldó la iniciativa del gobierno de evaluar a los funcionarios cada seis meses para garantizar resultados en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Según Castellanos, algunos ministerios pueden mostrar avances rápidamente, especialmente aquellos encargados de servicios directos, mientras que otros requieren más tiempo, como la ejecución de obras públicas o procesos de contratación.

Recordó que deficiencias previas, como la falta de licitación de placas de identificación vehicular durante más de tres años, afectaron la seguridad y demostraron negligencia administrativa.

Por ello, insistió en que los servicios públicos deben gestionarse de manera eficiente, transparente y honrada, diferenciando entre los procesos que requieren atención inmediata y aquellos que necesitan planificación a largo plazo.

Un llamado a la coherencia política

Castellanos enfatizó que esta decisión presidencial sienta un precedente para limitar privilegios innecesarios y evitar la concentración de poder.

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Consideró que el país necesita políticas claras que impidan que funcionarios se sientan por encima de la ley y recordó que la transparencia y la responsabilidad deben guiar la gestión de todos los cargos públicos.