Tras la extensa comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, la comisión especial del Congreso Nacional continuó este miércoles la audiencia de notificación del juicio político.

En esta fase, siete testigos ofrecieron declaraciones sobre presuntas irregularidades, abusos de autoridad, persecución política y violaciones a derechos fundamentales durante la gestión del funcionario.

Denuncias desde el Consejo Nacional Electoral

El primero en declarar: Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afirmó verse directamente afectado por actuaciones del Ministerio Público durante la investigación del transporte de material electoral en las primarias de 2025.

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Rivera aseguró que Zelaya expuso públicamente su nombre y el de sus compañeros sin que existiera un juicio previo, vulnerando su presunción de inocencia. El señalamiento le habría costado su empleo y afectado emocionalmente a su familia.

Además, explicó que el Ministerio Público confundió funciones dentro del CNE, atribuyendo responsabilidades logísticas a una comisión técnica que solo elaboraba pliegos y emitía recomendaciones.

En la misma línea, Dennis Emilio Hércules Rosa, abogado y exfuncionario del CNE, denunció que se vio acusado sin fundamentos tras el colapso logístico del 9 de marzo de 2025.

Según su testimonio, el requerimiento fiscal coincidió con el final de su contrato y lo vinculó a delitos como fraude y violación de deberes. Hércules calificó la situación como “justicia selectiva” y cuestionó que no se investigara a los miembros de las Fuerzas Armadas responsables del resguardo del material electoral.

Abusos laborales dentro del Ministerio Público

El auxiliar fiscal Fabricio Perdomo señaló supuestos abusos laborales dentro del Ministerio Público, incluyendo descensos, reducción salarial y medidas administrativas sin sustento legal.

Según su testimonio, estas decisiones estuvieron firmadas por Zelaya en un mismo día y buscaban forzarlo a abandonar su cargo. Perdomo afirmó que estas prácticas son recurrentes y afectan a otros fiscales, quienes no denuncian por temor.

Casos de seguridad y represalias

El abogado Ricardo Adolfo Núñez Zavala relató que se vio destituido como director del Programa de Protección a Testigos tras un incidente relacionado con la seguridad del exfiscal Daniel Cibrián. Núñez advirtió que retirar esquemas de protección a personas en riesgo podría exponerlas a represalias, especialmente en investigaciones sensibles.

Por su parte, Antonio Kattan, arrestado por supuestamente planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, aseguró que se le señaló sin pruebas y que su detención respondió a la necesidad de presentar un caso mediático. Relató que permaneció aislado en condiciones de máxima seguridad, lo que afectó a su familia.

Testimonios sobre negligencia y sanciones

La fiscal Jessica Ninoska Matute ofreció uno de los testimonios más extensos, relatando que su esposo, el fiscal Santiago René Moncada Tauseda, se vio trasladado a La Mosquitia tras cuestionar la legalidad del nombramiento de Zelaya.

Según Matute, el traslado y las sanciones impuestas deterioraron su salud, que no fue atendida adecuadamente, hasta su fallecimiento en febrero en Tegucigalpa.

Finalmente, la fiscal Claudia Paz indicó que sele removió de su cargo tras negarse a modificar un requerimiento fiscal en un caso contra el exalcalde Adán Fúnez, recibiendo presiones directas y acciones disciplinarias por desobedecer órdenes superiores.

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Próximos pasos del juicio político

La audiencia de testigos forma parte de la etapa de investigación del juicio político contra Zelaya. Una vez concluida, la comisión especial remitirá su informe al pleno del Congreso Nacional, que decidirá si el fiscal suspendido es destituido o restituido en el cargo.