Juicio contra Carl Zaglin en Estados Unidos vinculado a tasón en Honduras
Un tribunal federal en el sur de Florida abrió un juicio que podría exponer una de las tramas más significativas vinculadas al Estado hondureño.
El principal acusado es el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, señalado de haber manipulado contratos millonarios mediante sobornos para beneficiarse de recursos destinados a la Tasa de Seguridad Poblacional, conocido en Honduras también como el «tasón».
Este lunes 8 de septiembre continúa en Miami. Según trascendió, en la jornada más reciente, el testigo Aldo Marchena presentó al jurado una hoja de cálculo que detallaba pagos realizados a Cosenza y otros funcionarios, además de transferencias directas a la cuenta de Zaglin.
«Marchena admitió que pagó sobornos entre otros… a Francisco Cosenza. En la mañana, Marchena le contó al jurado sobre una hoja de cálculo que enumeraba que alguno de los pagos que hizo a Cosenza y otros e incluyó transferencias a su cuenta del empresario en juicio, Carl Zaglin», dijo reportero Samuel Rubenfeld a medio de comunicación local.
Caso que salpica al tasón de seguridad en Honduras
Las investigaciones revelan que, entre 2015 y 2016, la compañía Atlanco, dirigida por Zaglin, obtuvo contratos para la provisión de uniformes y equipos tácticos a la Policía Nacional de Honduras. Sin embargo, la Fiscalía asegura que dichos acuerdos no fueron adjudicados bajo criterios transparentes, sino mediante una serie de pagos ilegales disfrazados como comisiones y servicios.
De acuerdo con los documentos del Departamento de Justicia, más de dos millones de dólares fueron canalizados a través de empresas fachada, facturas falsas y cuentas en el extranjero.
La lista de implicados incluye a exfuncionarios hondureños que ya admitieron culpabilidad, entre ellos Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, ambos exjefes dentro de la Tasa de Seguridad. También figura Luis Berkman, vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, acusado de haber recibido parte de los fondos. Así también banquero Aldo Néstor Marchena, quien es señalado como intermediario del esquema.
Todos estos personajes comparecerán como testigos ante el jurado.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía planea presentar grabaciones, correos electrónicos y estados bancarios que documentan los movimientos financieros. Asimismo, se mostrarán fotografías de encuentros entre empresarios y exautoridades hondureñas.
El caso no se limita a transacciones económicas. Según la acusación, incluso en 2019, cuando los implicados intentaron acceder a un nuevo contrato —que finalmente no lograron adjudicarse—, siguieron ofreciendo sobornos como parte de su estrategia.
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El trasfondo de este juicio evidencia cómo recursos creados para combatir la violencia en Honduras terminaron desviados por redes de corrupción. La Tasa de Seguridad, instaurada para financiar proyectos de seguridad ciudadana, se convirtió en una fuente de enriquecimiento ilícito tanto para empresarios extranjeros como para funcionarios nacionales.
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