Juez declara ilegal la anulación de TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
El miércoles 31 de diciembre, una magistrada federal de Estados Unidos sentenció que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por el Gobierno de Donald Trump para más de 60,000 inmigrantes provenientes de Nepal, Honduras y Nicaragua era ilegal.
La magistrada Trina Thompson, de California, estimó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, revocó ese beneficio migratorio de forma «predestinada» y no siguió el proceso legalmente establecido.
La magistrada, que restableció el TPS para las nacionalidades impactadas, no aceptó una petición del Gobierno de desestimar el caso y aclaró que Noem no cumplió con la costumbre habitual del DHS de acortar el periodo de transición a 60 días después de finalizar el TPS.

Sin efecto Ley Noem
El documento señala que Thompson afirmó «que la terminación del TPS para Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 y para Nepal el 6 de junio del mismo año fueron ilegales según la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)» y anuló la orden de Noem.
Los inmigrantes que contaban con el TPS habían presentado una demanda contra el DHS, argumentando que este último había terminado la protección de la deportación debido a un «sentimiento de animosidad racial».
Hoy, diversas entidades que representan a los favorecidos del TPS tuvieron una reacción positiva ante la decisión judicial; sin embargo, expresaron su pesar porque la cancelación del beneficio ya ha tenido un impacto negativo en numerosas personas que llevan décadas viviendo en el país.

¿Qué dice el comunicado?
«La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles» de migrantes y «los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo», indicó el codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Ahilan Arulanantham, en un comunicado.
El TPS es una clase de ventaja migratoria que el DHS tiene la capacidad de otorgar a inmigrantes de naciones que se encuentren en situaciones de emergencia, como guerras o catástrofes naturales, y no puedan volver a sus casas con seguridad.











