El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Pino, señaló este jueves que la recién aprobada Ley de Reactivación Económica no cumple con los objetivos que su nombre sugiere.

“No hay ninguna Ley de Reactivación ni tampoco de desarrollo humano. Lo que busca esta ley es hacer una masacre laboral de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los entes descentralizados y autónomos”, expresó Pino.

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Preocupación por derechos laborales y proceso legislativo

Según el legislador, el Congreso ha otorgado beneficios a las élites económicas del país mientras, a su juicio, se violan derechos de los trabajadores y la Constitución.

“En menos de un mes, este Congreso ha aprobado cosas que violan los derechos de los trabajadores en Honduras”, afirmó, refiriéndose a lo que denominó acciones legislativas contrarias a la protección laboral.

Pacto político y controversias internas

Pino también criticó lo que llamó un “matrimonio increíble” entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, al que se refirió como el Pacto de Impunidad.

“Este decreto que quieren derogar era la condena al golpe de Estado reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó, recordando que las amnistías involucraban procesos con jueces y organizaciones de la sociedad civil.

Elección interna en el partido Libre

Sobre la elección del jefe de bancada del partido Libre, Pino aclaró que no se ha realizado votación. “

Lo que se pidió fue buscar un consenso entre los dos candidatos principales. Creemos que el lunes o la próxima semana se podrá nombrar al jefe de bancada”, dijo, desmintiendo rumores sobre un supuesto triunfo de Ronald Panchamé.

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Congreso Nacional aprueba Ley de Reactivación Económica

El Congreso Nacional aprobó este miércoles en tercer debate la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de racionalizar el gasto público y aplicar medidas fiscales y financieras extraordinarias.

El decreto establece un régimen temporal y excepcional para enfrentar la situación de las finanzas públicas, restablecer el equilibrio macroeconómico y promover el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y el fortalecimiento institucional del Estado.

La normativa ordena a los órganos de la administración pública central y descentralizada aplicar medidas en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto, ordenamiento financiero y reorganización administrativa.