Un nuevo episodio de la crisis migratoria se vivió esta semana con la deportación de al menos 150 hondureños provenientes de Estados Unidos, en medio de la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficiaba a más de 60,000 compatriotas desde 1999.

Los vuelos de retorno, marcados por rostros de angustia y testimonios de desesperanza, reflejan el drama de miles de hondureños que ven truncados sus sueños tras años de lucha. “Ya no se puede vivir tranquilamente. Todo se ha ido abajo, no hay trabajo ni opciones”, expresó uno de los migrantes deportados.

La eliminación del TPS, ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, entrará en vigor el próximo 8 de septiembre. Expertos advierten que esta medida podría generar tensiones sociales severas en Honduras, ante la falta de empleo, seguridad y oportunidades para los retornados.

 Impacto social y económico

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), más de 24,500 hondureños han sido deportados en lo que va de 2025, de los cuales 16,942 provienen de EE. UU.

La mayoría llega sin permiso de trabajo, sin licencia de conducir y sin acceso a servicios básicos, lo que complica su reinserción.

Organizaciones como el Conadeh han urgido al gobierno hondureño a implementar mecanismos de respuesta inmediata para evitar una crisis humanitaria. La presidenta Xiomara Castro prometió asistencia legal gratuita desde los consulados, pero los expertos advierten que el país no está preparado para absorber el impacto.

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