Honduras se prepara para poner fin a un capítulo que marcó la estrategia de seguridad durante más de dos años: El estado de excepción, implementado como respuesta a la violencia y el crimen organizado, será levantado tras mantenerse en vigor de manera casi continua desde su aprobación, acumulando múltiples renovaciones que, en ocasiones, no contaron con la ratificación del Congreso Nacional.

Durante su vigencia, la medida generó opiniones divididas sobre su efectividad y legalidad. La Policía Nacional sostiene que la estrategia logró avances significativos en la reducción de homicidios, mientras que expertos en derechos humanos y académicos cuestionan si realmente impactó en problemas estructurales como la extorsión o el crimen organizado.

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Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aunque hubo descensos en las cifras de homicidios, los delitos que más afectan la vida cotidiana de la población no experimentaron cambios sustanciales. Migdonia Ayestas, investigadora del observatorio, señaló que “la medida pudo justificarse en su momento, pero no abordó los problemas estructurales que generan inseguridad”.

Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, defendió la medida argumentando que la tasa de homicidios pasó de 42 a 23 por cada cien mil habitantes durante la vigencia del estado de excepción en Honduras. Para las autoridades, la medida fue clave para alcanzar ese resultado y mantener el orden ante los desafíos del crimen organizado.

Ahora, con la conclusión de esta etapa, el nuevo gobierno enfrenta el reto de garantizar la seguridad. Leandro Osorio, exoficial de la Policía Nacional, sostiene que será necesario implementar estrategias de prevención, programas sociales, tecnología y fortalecimiento institucional para enfrentar tanto el crimen común como el organizado.

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Finalmente, el estado de excepción, que permanecerá vigente hasta este 26 de enero de 2026, cierra un período de controversia que incluyó 26 prórrogas consecutivas y despierta la expectativa de la seguridad bajo medidas ordinarias con resultados tangibles para la ciudadanía.

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El estado de excepción decretado a finales de 2022 para contener la criminalidad en Honduras llega a su fin este lunes, tras más de tres años de aplicación continua y al menos 24 prórrogas consecutivas.

Mientras el Gobierno saliente defiende la medida como un instrumento clave para reducir los homicidios, organizaciones de derechos humanos y analistas advierten que su prolongación debilitó las garantías constitucionales y normalizó un régimen que debía ser temporal.

La restricción de derechos se mantuvo vigente en 226 de los 298 municipios del país, lo que, según expertos, evidenció limitaciones estructurales en la política de seguridad pública.

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Las autoridades atribuyen los resultados positivos a la combinación del estado de excepción y el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que la tasa de homicidios disminuyó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 al cierre de 2025, una caída que el Ejecutivo vincula directamente con la ofensiva contra maras y pandillas.

Sin embargo, defensores de derechos humanos cuestionan la falta de evidencia técnica que respalde esta relación y denuncian más de 1.000 violaciones a derechos humanos, entre ellas torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.