Este lunes (17/11/2025), un conjunto de juristas hondureños de renombre presentó un análisis en el que alerta sobre una crisis institucional que, según su estudio, compromete la operación de entidades esenciales del Estado y amenaza con poner en peligro la democracia del país.

El proceso electoral tiene lugar en un entorno político caracterizado por tensiones entre las instituciones, según indica el informe escrito por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, los exfiscales Sandra Ponce y Danelia Ferrera, los exjueces Marcelo Castañeda y Félix Ávila y los abogados Juan Carlos Pérez Cadalso, Ruth Lafosse, Nelson Castañeda y Kenneth Madrid.

Según el análisis jurídico acerca de la legalidad y los peligros institucionales del proceso electoral con miras a las elecciones generales, se advierte que acumular poder perjudica al sistema democrático.

Factura constitucional

De acuerdo con el informe, el cierre no reglamentario del Congreso Nacional, la manipulación del Ministerio Público, la falta de acción del Poder Judicial y el crecimiento militar de la administración se entrelazan en esta circunstancia.

Según el análisis, estos elementos han causado una fractura constitucional de tipo material, lo que ha tenido un impacto negativo en la democracia y ha puesto en peligro los compromisos internacionales del país, así como la separación de poderes y el Estado de derecho, con el riesgo de volver a un régimen autoritario.

La abogada Ruth Lafosse indicó que el conjunto de juristas se congregó para alertar acerca del peligro que enfrenta la democracia.

«Solo garantizando la separación y el equilibrio de poderes, así como los controles constitucionales, podemos conseguir que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano», manifestó.

Ataques a instituciones electorales

El análisis también incluye denuncias de intromisiones en las instituciones electorales y acciones estatales que han sido cuestionadas por varios grupos sociales, lo cual aumenta la inquietud acerca de la legitimidad e integridad de las elecciones actuales.

Kenneth Madrid, el abogado, subrayó la posición al declarar que el documento se genera en medio de un clima de conflicto que envuelve el proceso electoral.

Según los juristas, varias instituciones, como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y el Ministerio Público, han cometido desviaciones en sus funciones constitucionales. Estos sostienen que la actuación de estas entidades debe ceñirse a los principios de legalidad, objetividad y autonomía.

¿Qué dice el estudio?

El estudio pone en duda la falta de resolución judicial sobre recursos relacionados con el estado de excepción, la creación ilegal de una comisión permanente y el estancamiento legislativo.

También indican que, según su criterio, las investigaciones y acciones del Ministerio Público que se ocupan de asuntos electorales interfieren en los mismos, además de que las Fuerzas Armadas reclaman documentos electorales fuera de sus competencias constitucionales.

Según los especialistas, estas circunstancias se dan junto con un estado de excepción que dura desde 2022, lo cual ha ocasionado limitaciones ininterrumpidas a derechos esenciales sin el control legislativo adecuado. Afirman que esta situación tiene un impacto en el clima anterior a las elecciones programadas para noviembre de 2025.

Recomendaciones

De acuerdo al criterio jurídico, se sugiere que el Congreso Nacional recupere su funcionamiento habitual, que la independencia de las instituciones electorales esté garantizada, que la actividad del Poder Judicial y del Ministerio Público se limite a lo establecido en la Constitución y que se fortalezca la separación de poderes.

Igualmente, recomienda pedir ayuda técnica de nivel internacional para garantizar transparencia y supervisión a lo largo del proceso electoral.

Los especialistas determinan que es esencial restaurar el equilibrio institucional para proteger la democracia y garantizar en Honduras unas elecciones libres y genuinas.

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Solicitud de apoyo

Asimismo, sugieren que el gobierno de Honduras pida apoyo y supervisión técnica internacional, la cual debe incluir una inspección independiente sobre el empleo del estado de excepción a partir de 2022, además de sistemas de vigilancia constante por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los juristas llegaron a la conclusión de que Honduras será capaz de mantener su democracia y asegurar que se lleven a cabo elecciones libres y auténticas únicamente restaurando el equilibrio entre los poderes, respetando las garantías constitucionales y sometiendo todas las instituciones a la ley.