“He exigido al Congreso que se ponga a trabajar en el juicio político”: Gabriela Castellanos presidenta del CNA

Directora del CNA Gabriela Castellanos llama al Congreso a ejercer juicio político para resguardad el Estado de Derecho

16 de febrero de 2026Honduras, Nacionales, Política

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, instó al Congreso Nacional a ejercer el juicio político como mecanismo para resguardar el Estado de Derecho.

Durante una visita a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Castellanos destacó la importancia de fortalecer la capacitación, la veeduría activa y la investigación en las instituciones públicas.

“Hemos encontrado tantos problemas que como sociedad civil debemos aportar nuestro granito de arena”, afirmó.

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Exigencia al Poder Legislativo

Castellanos subrayó que el Congreso no puede continuar trasladando responsabilidades de una administración a otra sin rendición de cuentas.

“He exigido al Congreso Nacional que se ponga a trabajar en el tema de juicio político, no solo al fiscal general actual, sino también a otros actores que es necesario revisar”, señaló.

La directora adelantó que en los próximos días se suscribirá un convenio con la titular de la OABI, Elizabeth, para fortalecer la labor de esta oficina, considerada clave para el país.

Opinión de expertos

El abogado Ivis Discua, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, coincidió en la necesidad de activar esta figura constitucional. “Frente a los hechos ocurridos el 30 de noviembre, habría espacio para promover el juicio político no solo contra el fiscal general, sino contra otros funcionarios”, explicó.

Discua recordó que la Constitución establece el procedimiento y que ya existe una moción presentada en el Congreso. Según el jurista, las bancadas mayoritarias tienen la capacidad de discutir el tema y alcanzar los 86 votos requeridos.

El llamado de Castellanos y Discua se suma a las demandas de otros sectores que consideran urgente aplicar el juicio político como herramienta de control institucional.

El debate promete intensificarse en el Congreso, donde se definirá si esta figura se convierte en un precedente de responsabilidad política en el país.

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