El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, manifestó su preocupación por las recientes acciones del Ministerio Público contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), calificándolas como una “seria amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país”.

Posible paralización del TJE

Solórzano advirtió que, de materializarse los requerimientos fiscales o aplicarse medidas de privación preventiva de libertad, el TJE podría quedar prácticamente inoperante.

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“El artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para el funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios”, recordó el titular del gremio de abogados, destacando que cualquier ausencia comprometería la operatividad del tribunal.

Crisis institucional agrava la situación

El presidente del CAH indicó que la situación se complica debido a la crisis institucional en el Congreso Nacional, que actualmente no ha podido sesionar con normalidad ni realizar nombramientos de nuevos magistrados. Esto imposibilitaría cualquier sustitución o recomposición del pleno del TJE, dejando al órgano electoral debilitado.

Riesgos en un contexto preelectoral

A pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, Solórzano alertó que un debilitamiento del TJE podría generar un vacío jurídico y político, afectando la capacidad del país para resolver controversias electorales.

“El respeto a la independencia de las instituciones es clave para garantizar la legalidad y la transparencia del proceso electoral”, enfatizó, subrayando que un TJE deteriorado afectaría directamente la confianza ciudadana en los comicios.

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