Pasadas las once de la noche del viernes 9 de enero de 2026, las redes sociales del Congreso Nacional informaron que, a menos de 24 horas de haber sido aprobado el decreto que ordena un escrutinio especial de más de 19 mil actas del proceso electoral general, este fue sancionado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, quedando en plena vigencia.

En el decreto, la mayoría de los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) solicitaron que el Ministerio Público emprenda acciones penales contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, se establece la abolición del derecho de dicho órgano a emitir la declaración final del proceso electoral.

Cabe recordar que, en horas de la tarde, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, acompañado únicamente por la Comisión Permanente y la bancada de Libre, sin contar con quórum, llevó a cabo una maratónica sesión de más de siete horas.

En ella se aprobó el controversial decreto pasada la medianoche del viernes, y en menos de 24 horas fue sancionado y publicado, a tan solo 17 días de la transición presidencial.

Solicitud de diputadas a la presidenta

En horas más tempranas del mismo viernes, un grupo de diputadas de oposición solicitó formalmente a la presidenta Xiomara Castro que no sancionara el decreto aprobado en el Congreso.

Argumentaron que la medida vulnera la Constitución al restar atribuciones al CNE, único órgano facultado para realizar el conteo y emitir las declaratorias oficiales de los comicios.

La petición buscaba frenar la entrada en vigencia del decreto y evitar una crisis institucional mayor.

¿Qué busca el decreto aprobado en el Congreso?

El objetivo central del decreto es revocar la declaración emitida por el Consejo Nacional Electoral, entidad que según la Constitución tiene la exclusividad para contar los votos y difundir los resultados oficiales.

Con la publicación en La Gaceta, se ordena al CNE realizar un nuevo conteo de todas las actas supuestamente no contabilizadas.

En el nivel presidencial se incluyen 306 actas; en el de diputados, 2,620; y en el de alcaldías, 1,848. El decreto advierte que, si el CNE no cumple con esta disposición, la responsabilidad recaerá directamente en el Congreso Nacional.

Asimismo, la Comisión Especial de Investigación del Legislativo solicita al Ministerio Público que presente acciones penales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, a quienes se señala por no haber completado el conteo de actas.

Diputados de oposición aprueban detener a Luis Redondo

En contraste, durante la tarde del viernes, poco más de 70 parlamentarios de oposición se autoconvocaron en las afueras del Poder Legislativo y aprobaron otro decreto en el que se solicitaba a las Fuerzas Armadas proceder a detener al presidente del Congreso, Luis Redondo.

“Al amparo del artículo 375 constitucional y en cumplimiento de nuestro deber de mantener el orden constitucional gravemente amenazado desde la ineficaz Comisión Permanente nombrada por el diputado Luis Redondo, se ordena a la Comisión Especial de este pleno que, en el momento que estimen necesario, soliciten por escrito en representación del Congreso Nacional a las Fuerzas Armadas de Honduras, quien en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna y para mantener el orden constitucional, procedan a dar captura al diputado Luis Redondo Guifarro”, manifestó la congresista Maribel Espinoza.

Debate político y jurídico

La clase política y jurídica del país se encuentra dividida sobre la legalidad de las acciones de Redondo, al considerar que el Congreso estaría asumiendo atribuciones que constitucionalmente corresponden al órgano electoral.

El CNE ya emitió las declaratorias oficiales en los tres niveles de elección —Ejecutivo, Legislativo y Municipal— correspondientes a los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre.

Aquí puedes ver la publicación de La Gaceta