El estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022 ha sido prorrogado 23 veces, pero al menos ocho de esas extensiones no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, siendo publicadas únicamente en el diario oficial La Gaceta, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y constitucionalidad.

La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad, suspende garantías constitucionales en 226 municipios del país, incluyendo derechos como la libre circulación, la reunión pacífica y la inviolabilidad del domicilio.

 Resultados oficiales vs. denuncias ciudadanas

Según cifras del gobierno, en lo que va de 2025:

• 93 municipios han reportado cero homicidios, lo que representa el 31% de la población nacional.
• El 89% del país mantiene cifras bajas de violencia.
• Se han desarticulado 51 estructuras criminales.
• Se han capturado 56 personas con fines de extradición.
• Se han realizado más de 58,000 allanamientos.

Estrategias de seguridad
*Honduras registra avances en la reducción de homicidios, muertes violentas de mujeres y accidentes de tránsito en 2025*
– Operaciones y estrategias de seguridad muestran resultados positivos a nivel nacional en 2025.
Tegucigalpa 25 de agosto 2025.- La… pic.twitter.com/58gBqeq9Ea

— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) August 26, 2025

Cuestionamientos

Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha documentado más de 1,000 denuncias por abusos cometidos en el marco del estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, destrucción de propiedad privada y violencia sexual.

Además, Honduras ha registrado más de 7,500 muertes violentas en lo que va del año, con un promedio de 8 asesinatos diarios, lo que pone en duda la efectividad real de la medida.

Sociedad civil exige revisión urgente

Diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado que el estado de excepción se ha convertido en una estrategia permanente, sin controles democráticos ni evaluación pública.

El artículo 187 de la Constitución establece que cualquier decreto de suspensión de derechos debe ser ratificado por el Congreso Nacional en un plazo de 30 días.

Sin embargo, las últimas prórrogas han sido aprobadas únicamente por el Ejecutivo, lo que ha generado críticas de expertos constitucionalistas y líderes legislativos.

Director de la Policía Nacional sobre estado de excepción en Honduras: «Lo pueden quitar, no tengo inconveniente»