VIDEO | “Cualquier autoridad que se aparte del interés público debe ser evaluada”: Castellanos urge aplicar el juicio político en Honduras
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, afirmó que el juicio político es el mecanismo constitucional creado para ejercer control sobre las altas autoridades del Estado, pero lamentó que en Honduras nunca se haya aplicado ni se haya sentado un precedente bajo esta figura.“El juicio político representa hoy el mecanismo constitucional que permite ejercer control sobre las altas autoridades del Estado, garantizar responsabilidades y proteger la democracia”, sostuvo.
Surge tras dos crisis que marcaron al país
La titular del CNA explicó que antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de altos funcionarios.
“Antes de 2013 no había una vía definida para examinar la responsabilidad política de quienes ejercen las más altas funciones del Estado”, recordó.
Detalló que la figura del juicio político fue incorporada tras dos crisis institucionales graves:
- El golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
- La destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012.
Sobre el caso de 2009, mencionó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que, de haber existido el juicio político, la crisis pudo resolverse de forma jurídica y pacífica.
En cuanto a la destitución de magistrados, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no existía una regulación precisa, garantías suficientes ni contrapesos claros para la remoción de altos funcionarios, lo que derivó en una condena contra el Estado hondureño.
“Estos antecedentes evidenciaron la necesidad de un marco regulatorio sólido que evitara decisiones arbitrarias”, puntualizó.
Tras estos hechos, el Congreso Nacional incorporó en 2013 la figura del juicio político en la Constitución. Sin embargo, Castellanos señaló que aún está pendiente la reforma de la Ley Especial para adecuarla plenamente a los estándares internacionales.
¿A quiénes puede aplicarse?
Castellanos explicó que el juicio político está previsto para altos funcionarios como:
- Presidente de la República
- Designados presidenciales
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
- Diputados
- Alcaldes
- Otros funcionarios designados por el Poder Legislativo
Aclaró que el procedimiento contempla etapas de denuncia, investigación, derecho a la defensa y votación, respetando garantías constitucionales.
“No se trata de una figura arbitraria. Es un proceso regulado por ley, que incluye investigación, defensa y una votación conforme a derecho”, explicó.
El objetivo, dijo, es proteger el interés público ante decisiones, actuaciones u omisiones que puedan afectar la institucionalidad.
«En el país, hasta hoy, nunca se ha aplicado un juicio político. Marcar este precedente es esencial para establecer que cualquier autoridad cuya conducta se aleje del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus garantías y derechos».
— CNA Honduras (@cnahonduras) March 2, 2026
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“Debe marcarse un precedente”
Para la directora del CNA, aplicar por primera vez un juicio político sería un paso clave en materia de rendición de cuentas.
“Debe marcarse un precedente claro en Honduras de que cualquier autoridad cuya conducta se aparte del interés público puede y debe ser evaluada”, enfatizó.
No obstante, recalcó que dicho proceso debe desarrollarse respetando plenamente las garantías y derechos de los funcionarios involucrados.
“El fortalecimiento de la democracia pasa por establecer reglas claras, controles efectivos y responsabilidades definidas”, concluyó.
Castellanos reiteró que la implementación efectiva del juicio político fortalecería el sistema de pesos y contrapesos y enviaría un mensaje firme sobre la importancia de la rendición de cuentas en el país.
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