La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el vínculo entre Honduras y Venezuela podría haberse transformado en un acuerdo criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Según expertos en derecho penal e internacional, estas declaraciones no son solo palabras; implican que EE. UU. ya posee evidencia y podrían derivar en futuras extradiciones de políticos y funcionarios hondureños.

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Expertos piden colaboración inmediata

Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la ASJ, calificó las declaraciones como “alarmantes” y recomendó a las autoridades hondureñas iniciar investigaciones internas para identificar a individuos que hayan participado directa o indirectamente en estas acciones.

Recordó que Bondi indicó la existencia de un “puente aéreo” donde el régimen venezolano paga para que las aeronaves pasen sin ser detectadas por Honduras, Guatemala y México.

Gobierno hondureño responde

La Secretaría de Defensa emitió un comunicado asegurando que todas las operaciones realizadas se basan en la política de seguridad nacional y que las Fuerzas Armadas protegen la integridad territorial por tierra, mar y aire. Además, recordaron la cooperación con la Fuerza de Tarea Inter-Agencial del Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Reacciones políticas y posibles consecuencias

Las declaraciones de Bondi surgieron cinco días después de que la presidenta Xiomara Castro calificara como “ataques infundados” las acusaciones contra Nicolás Maduro.

Expertos como Graco Pérez y Mike Vigil señalaron que estas afirmaciones podrían derivar en extradiciones y que Honduras debe fortalecer la supervisión de su espacio aéreo y la institucionalidad del país.

Políticos de oposición, como Jorge Cálix y Kilvett Bertrand, coincidieron en que el señalamiento estadounidense evidencia posibles nexos entre funcionarios hondureños y el narcotráfico, advirtiendo que la falta de acción podría generar un impacto negativo en la inversión, el desarrollo y la confianza ciudadana.

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