Honduras se enfrenta a una creciente ola de demandas laborales contra instituciones públicas, que amenazan con convertirse en una pesada carga para las finanzas del Estado. Los fallos judiciales ordenan reintegros, pago de salarios caídos e indemnizaciones millonarias que se acumulan cada año.

Diversos juristas sostienen que este gobierno no ha sido la excepción, ya que muchos despidos se ejecutaron sin cumplir el debido proceso, sin investigaciones internas o sin dictámenes legales previos.

Según la información que circula, “no es secreto para nadie” que se planea la destitución de unos 20 mil empleados y la fusión de al menos 35 instituciones, indicó el experto en temas jurídicos Rodil Rivera. “Además del problema que tienen estas demandas, algo debería hacerse con eso, porque efectivamente es cierto que el Estado lo ha agarrado de a explotarlo cuando se determina que un despido fue ilegal”, agregó.

Mejor desempeño de la PGR

Especialistas advierten que la Procuraduría General de la República (PGR) debe solicitar al Ejecutivo autorización para atender las demandas en etapas tempranas del proceso. “La Procuraduría ha recibido oficialmente la orejita de auxilio y no ha procurado, entonces también es responsable la Procuraduría. Así es que ahí tiene usted los responsables”, expresó el exfiscal general, Edmundo Orellana.

La situación es aún más delicada en las alcaldías. Expertos señalan que la PGR debe revisar exhaustivamente los juicios laborales promovidos contra municipalidades y, si se detectan irregularidades administrativas o actuaciones dolosas, proceder con las denuncias correspondientes.

Más allá del debate jurídico, el problema revela una falla estructural en la gestión pública. “Lo que estamos observando es nuevamente una repetición de este patrón, donde sin justificación alguna se van a despedir cientos de hondureños”, concluyó Nancy Ochoa, experta en gestiones públicas.

Consejo de Ministros analizará fusión de 38 instituciones y plan de reactivación económica