El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra seis personas por delitos relacionados con la administración pública, tras las irregularidades en el contrato de transporte para las elecciones primarias del pasado 9 de marzo y los expertos opinan al respecto.

Los acusados son: Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo, José Martín Pastrada Sánchez y Carlos Salomón Fonseca.

El documento legal imputa los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fraude en perjuicio de la administración pública.

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Según el requerimiento, estas conductas se derivan de la firma e incumplimiento de un contrato de transporte, que no cumplió con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado ni con las normativas internas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Expertos señalan que no se ha llegado al fondo del problema

Aunque se han presentado cargos, analistas consideran que la acusación aún no aborda a fondo el verdadero problema ocurrido durante la jornada electoral. Se señala que el requerimiento se centra únicamente en aspectos administrativos del contrato, sin indagar por qué los vehículos de transporte del material electoral se retrasaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Entre los puntos que se exigen investigar están las causas por las cuales el material electoral no llegó a tiempo a los centros de votación, el rol de los choferes de las unidades, la custodia por parte de los militares, y la posible responsabilidad de mandos intermedios del CNE en la logística fallida.

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Llamado a profundizar la investigación

La expectativa ciudadana apuntaba a la presentación de delitos electorales, especialmente por los retrasos en la entrega de maletas electorales, lo que afectó el desarrollo normal del proceso en algunos sectores. Sin embargo, hasta el momento el requerimiento no incluye este tipo de delitos.

La ciudadanía y expertos instan al Ministerio Público a ampliar su línea de investigación y determinar si hubo intención de afectar el proceso democrático. También se exige una investigación más amplia y profunda que permita establecer todas las responsabilidades por los hechos del 9 de marzo.