La nueva Ley de Empleo por Hora y la propuesta de reactivación económica enviada por el Poder Ejecutivo de Honduras al Congreso generan preocupación entre distintos sectores laborales.

Aunque busca crear oportunidades de empleo, especialistas advierten sobre posibles impactos en los derechos de los trabajadores.

El objetivo de la ley es reducir el desempleo y ofrecer beneficios temporales a personas que buscan incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, su efectividad dependerá de cómo se implemente y si se respetan las garantías laborales existentes.

Análisis legal y preocupación por derechos

El abogado Fernando Santos explicó que estas leyes son de carácter normativo, pero no necesariamente pragmático. Señaló que se debe evaluar si la legislación respeta los derechos laborales o si podría limitar beneficios adquiridos por los empleados.

Asimismo, recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece la progresividad de los derechos laborales.

Esto significa que ninguna normativa debe retroceder respecto a conquistas previas, y que cualquier modificación debe garantizar estabilidad y seguridad para los trabajadores.

Temor entre trabajadores actuales

Uno de los mayores temores del sector privado es que los empleados fijos puedan ver restringidos beneficios como salario, jornadas y descansos. Santos aclaró que ninguna ley ni autoridad puede eliminar derechos constitucionales ya adquiridos por los trabajadores.

Por otro lado, para quienes se beneficien de la Ley de Empleo por Hora, también deben garantizarse los derechos fundamentales. Esto asegura que la nueva ley no genere desigualdades ni afecte negativamente a quienes buscan empleo temporal o parcial.

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Llamado a respetar la progresividad laboral

El especialista destacó la importancia de respetar la progresividad laboral, evitando retrocesos en los derechos de los trabajadores. Señaló que la estabilidad laboral y otros beneficios son considerados derechos humanos inalienables en Honduras.

Finalmente, Santos enfatizó que el sistema judicial, incluidos jueces laborales y contenciosos administrativos, tiene la obligación de proteger estos derechos.

De esta manera, cualquier ley debe garantizar seguridad y equidad, equilibrando la creación de empleo con la protección de los trabajadores.

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