Exgenerales solicitud FFAA

Exgenerales consideran que la solicitud de las Fuerzas Armadas de tener acceso a las actas está fuera de su rol

Exgenerales hondureños han expresado su rechazo ante la solicitud de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) de Honduras de tener acceso a las actas electorales, al considerar que dicha petición está fuera de su rol constitucional y vulnera el marco legal del país.

La polémica surgió luego de que el general Rusbel Hernández asegurara que las FF. AA. continúan interesadas en obtener los resultados de las actas, pese a que desde la reforma electoral, la institución pasó bajo el mando operativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para los procesos comiciales.

El exgeneral Luis Maldonado Galeas se pronunció sobre esta situación, recordando que la transmisión de resultados de actas es una función exclusiva del CNE y que cualquier intromisión por parte de las Fuerzas Armadas representa una violación a la Constitución.

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«La administración general del proceso electoral está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Cualquier intromisión es en contra de la Constitución y de la ley», sostuvo Galeas.

Asimismo, recomendó que la presidenta de la República utilice un lenguaje adecuado respecto al papel de las FF. AA. en el proceso electoral, para evitar poner a la institución en una posición comprometedora.

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También instó al jefe del Estado Mayor Conjunto a comunicarle a la mandataria que esta solicitud no se encuentra dentro del marco legal.

El exgeneral subrayó que las Fuerzas Armadas deben concentrar sus esfuerzos en la custodia, vigilancia y transporte del material electoral, tareas que sí les competen según la ley. «No deben derivar en cuestiones que tienen que ver con la transmisión de resultados», añadió.

La petición de las Fuerzas Armadas sobre las actas

De acuerdo con lo expresado por el general Rusbel Hernández, las Fuerzas Armadas han solicitado tener acceso directo a los resultados de las actas electorales, argumentando la necesidad de mantener información actualizada durante los comicios.

Sin embargo, dicha solicitud ha generado preocupación entre los exgenerales, quienes insisten en que esta atribución corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral, institución encargada de administrar y garantizar la transparencia del proceso electoral.