El Ministerio Público (MP), emitió recientemente un requerimiento fiscal contra seis exfuncionarios involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con la compra de ventiladores durante la crisis del COVID-19 en Honduras y dos de ellos ya fueron arrestados.

Los exfuncionarios que se encuentran prófugos son Gabriel Rubí Paredes, extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, excanciller de la República, Jessica Canahuati, excónsul de Honduras en Nueva York y Cristian Alexis Santelí.

Estos individuos deberán presentarse ante la justicia para evitar ser capturados, siguiendo el camino que tomaron otros implicados en el caso, como Clara Lizeth Trejo y Alexis Jamil Peña, quienes ya han sido detenidos.

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La mejor decisión que pueden tomar los exfuncionarios es entregarse de manera voluntaria

El exjuez de sentencia, Félix Ávila, ha señalado que la mejor opción para los exfuncionarios es entregarse de manera voluntaria, “Cuando los restantes ven las consecuencias que enfrentan aquellos que son detenidos, es común que opten por presentarse ante el juez, lo que puede resultar en medidas cautelares más favorables”, explicó Ávila.

Las autoridades continúan trabajando para localizar a los fugitivos y llevarlos ante la justicia, enfrentando una creciente presión por parte de la población hondureña.

La indignación social es grande, especialmente en relación con la corrupción que se produjo durante la pandemia de COVID-19, un periodo crítico para la salud del país.

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