Dos años después de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la situación de inseguridad en Honduras continúa siendo alarmante, según un informe presentado este martes (03/12/2024) por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), donde revela que más de 304 mil hogares en el país son víctimas de extorsión, lo que representa un aumento de 74 mil 126 casos desde el inicio de la medida en diciembre de 2022.

El documento, titulado “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción”, revela que la tasa de victimización por este delito creció del 9% en 2022 al 11.6% en 2024. Este análisis, que se basa en una encuesta de victimización, entrevistas a expertos, solicitudes de información y revisión documental, pone de manifiesto la falta de avances significativos en el combate a la extorsión, a pesar de la prórroga constante del estado de excepción.

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Estado de excepción con prórrogas, pero sin resultados
Implementado el 6 de diciembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya como parte de una estrategia para reducir los delitos relacionados con la extorsión, el estado de excepción ha sido prorrogado en 16 ocasiones. Sin embargo, la medida ha generado controversia. Según el informe, tres de cada diez hondureños afirman sentirse menos seguros bajo este modelo de seguridad.

El análisis de la ASJ también resalta que, de las 30 acciones propuestas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementadas parcialmente. Entre ellas se encuentran la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. No obstante, medidas clave como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia y las reformas al Código Penal continúan sin concretarse.
Ante esta situación, ASJ hace un llamado urgente al gobierno para reformular la estrategia de seguridad, con el objetivo de fortalecer el Plan Antiextorsión de manera integral y propone la participación activa de la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero, las empresas de telecomunicaciones y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones efectivas para atacar la raíz del problema.
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