El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó requerimiento fiscal y ordenó el aseguramiento de bienes contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quien actualmente permanece prófugo y enfrenta una alerta roja internacional.

La acción judicial también incluye la captura de Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., quien fue arrestada el domingo 17 de agosto en Tegucigalpa. Ambos son señalados por el MP como responsables de un fraude superior a 18.5 millones de lempiras, mediante un contrato adjudicado en diciembre de 2021 para el suministro de 480 mil tarjetas PVC destinadas a licencias de conducir.

 Solo ingresaron 258 mil tarjetas; el resto del dinero fue triangulado

Aunque el contrato fue pagado en su totalidad, solo ingresaron al país 258 mil tarjetas, lo que activó las alarmas de corrupción. Tres días después del desembolso estatal, 17 millones de lempiras fueron transferidos a Inversiones MyM, empresa propiedad de Molina, a pesar de que por su cargo tenía prohibido contratar con el Estado.

La investigación también revela que las tarjetas fueron realmente proporcionadas por la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp., trianguladas mediante Inversiones MyM, con transacciones que involucraron sistemas financieros en Estados Unidos y Francia.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia acusados de fraude millonario con tarjetas para licencias

 Detención judicial y audiencia inicial

Tras su captura, Mayorga fue presentada ante el Juzgado de Criminalidad Organizada, que dictó detención judicial y ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional Femenina de Atención Social (PNFAS). La audiencia inicial fue programada para el 21 de agosto, donde se evacuarán los medios de prueba.

Su padre y abogado defensor, Jesús Humberto Mayorga, exfuncionario judicial, expresó preocupación por el procedimiento y aseguró que demostrarán la inocencia de su hija, alegando que su participación fue como representante legal de una empresa extranjera.

Cohep se desmarca

Por su parte, la cúpula empresarial se ha desmarcado distancia respecto al manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad durante la administración anterior, señalando que el exrepresentante propuesto por el sector privado actuó de forma unilateral y sin autorización institucional.

Además, COHEP denuncia que el marco legal vigente en ese período limitó su capacidad de fiscalización.

El Congreso Nacional modificó el decreto que regía el fideicomiso, eliminando el derecho al veto del sector privado y clasificando todas las acciones como secretas, lo que imposibilitó cualquier intento de control o transparencia.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Ministerio Público ejecuta allanamientos contra clan Montes Bobadilla y socios en