La Secretaría de Finanzas advirtió que el Estado ha enfrentado embargos judiciales millonarios de forma sistemática, situación que ha afectado la Cuenta Única del Tesoro.

Ante este escenario, instó a la Corte Suprema de Justicia a cumplir el artículo 313 del Presupuesto General, el cual establece que el pago de sentencias judiciales firmes debe canalizarse a través de la Tesorería General de la República, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

En este sentido, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Tesorería General de la República (TGR), envió un oficio oficial a la Magistrada Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para recordar la obligación de aplicar el artículo 313 del Decreto Legislativo No. 04-2025, referente al pago de sentencias judiciales firmes promovidas contra instituciones del Estado.

El oficio resalta aplicar lo establecido en la normativa presupuestaria vigente para garantizar la eficiencia, transparencia y uso responsable de los recursos públicos, en atención a las disposiciones generales del Presupuesto General de la República.

Qué establece el artículo 313 del Presupuesto general

Según el documento oficial, el artículo 313 del Decreto legislativo obliga a la TGR garantizar el pago de sentencias judiciales firmes como resultado de demandas promovidas contra entidades públicas.

En caso de que los juzgados ordenen embargos sobre recursos estatales, estos deben ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de cada institución demandada, sin afectar obligaciones prioritarias, como:

• Servicio de la deuda pública (externa e interna)

• Pagos de salarios y prestaciones

• Funciones operativas esenciales del Estado

Además, el oficio advierte que el incumplimiento de esta disposición conlleva multas establecidas en el propio decreto, que van desde tres hasta treinta salarios mínimos por incumplimiento.

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Contexto de las demandas y su impacto en las finanzas públicas

En los últimos años, la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) ha enfrentado constantes embargos judiciales a raíz de demandas contra instituciones estatales, lo que ha limitado la capacidad financiera del Estado para cumplir con obligaciones clave. Datos oficiales reflejan que, entre 2020 y el primer trimestre de 2024, los embargos contra la Tesorería ascendieron a más de 11,400 millones de lempiras, un monto significativo que ha afectado la gestión presupuestaria del Gobierno.

La SEFIN también ha reconocido que el pago de sentencias judiciales ha absorbido partes considerables del presupuesto anual. Un informe reciente indica que entre 2022 y 2024 se pagaron más de 9 mil millones de lempiras en demandas judiciales, con montos anuales que superaron ampliamente las cifras originalmente aprobadas.

Relevancia para los servicios públicos y la ciudadanía

En el oficio dirigido a la CSJ, la Secretaría de Finanzas argumenta que el cumplimiento del artículo 313 es crítico, considerando los débitos diarios a los que está sometida la Cuenta Única de la Tesorería, situación que ha dificultado la atención oportuna de obligaciones en sectores esenciales como salud, educación y seguridad, afectando el bienestar de miles de familias hondureñas.

Finanzas remarcó que la aplicación adecuada de la normativa permitirá ordenar y priorizar los pagos de demandas judiciales, evitando que estos comprometan recursos destinados a servicios públicos prioritarios y la operación normal del Estado.

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Próximos pasos y expectativas

La misiva fue registrada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia, evidenciando que las instancias están notificadas de la solicitud formal.

El documento exige ciertos criterios que se realicen conforme a la disponibilidad presupuestaria, respetando el marco legal vigente.

Hemos sufrido embargos judiciales millonarios de forma sistemática, por ello instamos a la CSJ a cumplir el art. 313 del Presupuesto General. El pago de sentencias firmes debe realizarse vía TGR ,para evitar afectar la Cuenta Única del Tesoro y garantizar los servicios públicos. pic.twitter.com/mHfcobrwEg

— SEFINHN (@SEFINHN) February 9, 2026

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