En un ambiente de crispación electoral, marcado por cuestionamientos al rol de las Fuerzas Armadas y de su titular, Roosevelt Hernández, el jefe castrense aseguró que la institución “trabaja para garantizar la correcta distribución del material electoral” en los 18 departamentos del país.

El mensaje llega en un momento especialmente sensible, luego de semanas en las que distintos sectores han criticado la intención de Hernández de involucrar al instituto armado en funciones que no le corresponden, como solicitar copia de actas presidenciales, lo que generó fricciones con la autoridad electoral.

Control y supervisión en el transporte electoral

Hernández informó que han conformado varios equipos de monitoreo para evitar fallas como las registradas en las elecciones internas, donde hubo retrasos significativos.

“Estamos en comunicación constante con todos los comandantes. Damos seguimiento a la distribución del material electoral y estamos próximos a iniciar la entrega en Cortés. Tenemos tres niveles de supervisión por cada departamento”, declaró.

También reiteró que las Fuerzas Armadas “estarán siempre a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE)” en las tareas que este les asigne. Sin embargo, esta postura contrasta con las tensiones recientes entre la cúpula militar y el órgano electoral respecto a quién tiene la autoridad funcional durante el proceso.

Un proceso electoral bajo fricción institucional

La confrontación escaló desde finales de octubre, cuando la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordó por escrito que, según el artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas quedan subordinadas funcionalmente al CNE desde un mes antes de los comicios hasta la declaratoria final de resultados.

Hall subrayó que los militares son “apolíticos, obedientes y no deliberantes”, y deben acatar exclusivamente las instrucciones del CNE en todo lo relacionado con seguridad, logística, transporte y custodia electoral. Advirtió que cualquier desobediencia violaría la autonomía del órgano electoral y comprometería la neutralidad castrense.

La tensión aumentó cuando una cuenta oficial de las FF. AA. publicó información “imprecisa e incompleta” sobre los preparativos, lo que llevó al CNE a aclarar que ningún oficial está autorizado a informar sobre temas electorales. El organismo también desmintió supuestos retrasos en papeletas y en la contratación del transporte.

A esto se suman los antecedentes del 9 de marzo, cuando maletas electorales fueron captadas “paseando en camionetas” en Tegucigalpa y San Pedro Sula, afectando la credibilidad militar.

Con las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, el país llega a su última semana electoral con instituciones tensas, Fuerzas Armadas cuestionadas y un proceso que exige el máximo respeto a la ley y a la neutralidad castrense.

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