A solo días de que Honduras acuda a las urnas, la revelación de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette Lopéz, ha generado fuerte preocupación en distintos sectores.

Según la funcionaria, en el Censo Electoral aparecen habilitadas para votar personas fallecidas, miembros de las fuerzas policiales e incluso privados de libertad, lo que despierta dudas sobre la depuración del registro y la integridad de los comicios.

Sociedad civil pide verificar con biometría

Frente a este escenario, representantes de la sociedad civil consideran que la única garantía para disipar temores será el funcionamiento pleno del sistema biométrico.

Javier Acevedo, miembro de sociedad civil, sostuvo que:
“Eso es necesario, yo creo que la garantía que se le puede dar a la población es que efectivamente podamos tener un comparativo entre los registros biométricos y el número de votos que aparecen en una urna electoral.”

Partidos señalan responsabilidades

Desde el Partido Nacional, la reacción también fue inmediata. Señalan que este hecho, que califican de inédito y alarmante, debe tener responsables.

El dirigente nacionalista Fernando Anduray expresó:
“Que no hayan sido enviados a tiempo los listados para que en el Consejo Nacional Electoral se hagan las exclusiones ya es un problema grave, ligado a la actualización que el Registro Nacional de las Personas debió haber hecho y mantener activa.”

Además, recordó que por ley el Registro debería recibir trimestralmente listados actualizados de policías, militares, personas con sentencias firmes e individuos con interdicción civil. La omisión de este proceso —dijo— explica parte de las inconsistencias.

Temor a generar más crisis

Sin embargo, otros sectores consideran que la denuncia llega demasiado tarde y podría incluso sembrar más incertidumbre en un ambiente ya tenso.

El abogado Alex Navas cuestionó el momento en que se hizo pública la advertencia:
“Lo que me preocupa es que a día de la elección empiecen a sacar este montón de circunstancias sin una evidencia sólida, poniendo en precario el proceso electoral. Esto debió hacerse días antes, no a dos días del proceso cuando ya el tiempo está agotado.”

Aunque la actualización oportuna del censo podría garantizar una depuración conforme a la ley, especialistas advierten que ya no hay tiempo para corregir el problema de fondo antes de los comicios.

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