El accidentado proceso electoral general celebrado en Honduras en noviembre de 2025 dejó más dudas que certezas y volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de profundas reformas al sistema electoral.

Los resultados oficiales se proclamaron hasta el último día que permite la Ley Electoral, el 30 de diciembre, en medio de cuestionamientos, impugnaciones y un escrutinio especial inconcluso.

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Llamado al nuevo Congreso Nacional

El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, advirtió que el país no puede repetir un escenario similar en futuros comicios. Por ello, instó a los diputados del Congreso Nacional 2026-2030 a priorizar las reformas electorales durante su primer año de gestión. Aguilar recordó que algunos cambios requieren modificar la Constitución, lo que obliga a alcanzar una mayoría calificada de 86 votos.

Segunda vuelta presidencial, una reforma clave

Uno de los cambios más urgentes, según Aguilar, es la aprobación de la segunda vuelta electoral. En Honduras, el candidato con más votos gana la Presidencia sin necesidad de superar el 50 %.

El estrecho margen entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, evidenció los riesgos de este modelo. Asfura obtuvo la victoria con apenas 0.71 puntos porcentuales de diferencia, equivalentes a 26,338 votos.

Para implementar el balotaje, el Congreso debe reformar el artículo 236 de la Constitución. Aguilar considera que esta medida fortalecería la legitimidad del gobierno electo y reduciría la conflictividad poselectoral.

Cambios en las Juntas Receptoras de Votos

Otra reforma necesaria apunta a la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Actualmente, los partidos políticos designan a sus miembros, una práctica que, según Aguilar, facilita disputas e inconsistencias en las actas. Propuso sustituir este esquema por mecanismos como sorteos, voluntariado o convenios con universidades.

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Tecnología electoral y fortalecimiento institucional

Aguilar también cuestionó la contratación de empresas privadas para el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). A su juicio, el organismo electoral debe desarrollar su propia tecnología y personal capacitado.

Finalmente, el fortalecimiento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resulta indispensable. Su presidente, Mario Flores, ha señalado que la falta de recursos limita su capacidad operativa, una preocupación que incluso la Uniore expresó en octubre de 2025.