Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, ha visto revocada su visa por el gobierno estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lo ha corroborado este viernes.

Pocos minutos antes, el Departamento de Estado estadounidense comunicó que la visa del magistrado Mario Morazán, perteneciente al Tribunal de Justicia Electoral, había sido retirada y que la petición de visa del consejero Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral, había sido denegada.

¿Por qué se le retiró el ESTA a Luis Redondo?

Según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), no se permite el ingreso a individuos cuyas acciones puedan tener un efecto negativo significativo en la política exterior estadounidense.

¿Qué es la ESTA?

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un permiso electrónico que los ciudadanos de naciones incluidas en el Programa de Exención de Visa (VWP) deben obtener si viajan a Estados Unidos por motivos laborales o turísticos durante menos de 90 días.

Este documento sustituye el requerimiento de visa convencional, pero no asegura la entrada al país, ya que esta es determinada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento del arribo.

Se necesita un pasaporte electrónico para solicitarla en línea, es válida durante dos años para varios viajes y se debe pedir como mínimo 72 horas antes del viaje.

Luis Redondo se pronuncia

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó tras la revocación de su autorización ESTA por parte de Estados Unidos, asegurando que la medida constituye una injerencia en los asuntos internos de Honduras.

En su mensaje afirmó: “La soberanía de Honduras no se negocia. El derecho internacional prohíbe cualquier intervención política, económica o diplomática en los asuntos internos de un Estado, conforme a la Carta de la ONU (art. 2.7), la Carta de la OEA (arts. 19 y 20) y la Convención de Viena (art. 41). Nadie puede alegar ignorancia: la prohibición de intervenir, presionar o coaccionar procesos electorales es una obligación universal”.

Redondo comparó la situación con precedentes europeos, señalando que “cuando la presión externa afecta la voluntad popular, la legitimidad se rompe y el proceso debe revisarse”.