El ex ministro de transparencia, Edmundo Orellana, generó debate al cuestionar, a través de sus redes sociales, si es el momento adecuado para suprimir el financiamiento público a las elecciones primarias en Honduras.

En su publicación, Orellana señaló que el caos del 9 de marzo, sumado a los numerosos delitos electorales cometidos por los movimientos internos de los partidos para imponer candidatos a diputados abre la pregunta: “¿Es tiempo de eliminar el financiamiento de elecciones primarias con dinero público?”. 

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Según el exfuncionario, el gobierno destinó miles de millones de lempiras para financiar las campañas internas de partidos, como el Partido Liberal. Sin embargo, estos fondos no han sido empleados de manera efectiva, revelando fallas significativas en la organización y ejecución de los procesos electorales.

“Que es excesivamente costosa para que los dueños de los movimientos, para que los militantes de los movimientos se hagan fraude entre sí falsificando actas y también comprando votos. Todo esto está siendo prácticamente financiado por nosotros”, anañdió Orellana.

Diversos expertos apoyan las críticas de Orellana. Consideran que, aunque los costos asociados con las elecciones primarias son elevados, no debería ser el erario público quien asuma estas cargas financieras.

Nery Alexis Gaitán destacó que el país, que atraviesa serias crisis económicas y sociales, no puede seguir destinando recursos tan elevados a estos procesos.

“Estas que han pasado se gastaron 2.000 millones de lempiras. Nos parece un alto costo para un país muy pobre, donde tiene hasta los hospitales desabastecidos. Yo creo que los partidos políticos deben asumir esta responsabilidad y dentro de lo que es el costo de la democracia”, señaló Gaitán.

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Ante la polarización política actual y la desconfianza creciente en las instituciones, los analistas también sugieren que, si se llegara a eliminar el financiamiento público, se debería acompañar con reformas legislativas profundas.

El analista Kenneth Madrid subrayó que, si bien sería viable una medida de este tipo, debe ir de la mano con un sistema que garantice que los fondos privados sean transparentes, legales y libres de influencias de sectores oscuros.

“En las actuales circunstancias eliminar el financiamiento público a los partidos políticos sería prácticamente abrir una puerta más para que puedan recibir dineros o capitales oscuros provenientes del narcotráfico o crimen organizado. Tiene que ser una reforma integral”, concluyó Madrid.