Diversas reacciones generan iniciativa de ley que propone reducir la edad punible de 18 a 16 años
Casa Alianza de Honduras manifestó que antes de emitir o proponer una ley relacionada con la edad punible, es necesario realizar un análisis profundo de diversos contextos nacionales. Entre ellos, la situación de seguridad en el país y, en particular, la protección de los menores.
La organización subrayó la importancia de evaluar las condiciones sociales y económicas actuales, así como el papel del Estado como garante de los derechos de la niñez.
Señalaron que es fundamental revisar cuánto se ha avanzado en mejorar el bienestar de los niños y niñas que se encuentran en centros de internamiento.
Violencia y estructuras criminales
Casa Alianza también destacó que Honduras enfrenta un contexto de violencia generalizada.
En este sentido, cuestionaron si una reforma sobre la edad punible contribuiría realmente a disminuir los índices de violencia e impunidad, o si, por el contrario, podría fortalecer estructuras criminales.
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Revisión del sistema de protección
La organización insistió en que se debe realizar una revisión exhaustiva del sistema judicial y de protección de la niñez en Honduras.
Consideran que existen retrasos en algunos avances legislativos, como la Ley Especial de Protección a la Niñez, que buscan reducir la vulneración de derechos en los centros de internamiento.
La diputada @saraiespinal busca impulsar a los emprendedores y pequeños empresarios con este importante proyecto de ley. pic.twitter.com/VKZXua6lhB
— Julia Talbott (@talbottlg) February 4, 2026
Iniciativa de ley
Caber recordar, que la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años en Honduras.
La propuesta plantea que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente por delitos graves como homicidio, asesinato, sicariato, violación, extorsión, secuestro, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y crímenes vinculados a organizaciones criminales.
Según Espinal, la medida responde al incremento de la participación de menores en hechos delictivos y pretende fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a la violencia y la impunidad en el país.








