Diputadas opositoras enviaron a la presidenta de la República, Xiomara Castro, una carta formal en la que le piden que no penalice un supuesto decreto aprobado el día anterior en el Congreso Nacional (CN), porque creen que fue emitido sin quórum legal y en franca violación del orden constitucional y electoral actual.

Las firmantes del documento, que fue enviado a la oficina presidencial, afirman que el presidente del Congreso, Luis Redondo, promovió el decreto con un grupo de diputados menor que el quórum fijado por ley y compuesto en su mayoría por miembros del Partido Libertad y Refundación.

La petición sostiene que dicha actuación, al intentar interferir en el proceso de alternancia constitucional en la presidencia de la República, podría constituir delitos como traición a la patria, rebelión, sedición y otros delitos relacionados.

Argumentos

La solicitud que se presenta está basada en normativas legales y constitucionales. En primer lugar, ten en cuenta que Honduras es un Estado de Derecho donde el poder puede ser ejercido únicamente bajo la Constitución y las leyes, no a voluntad de individuos o grupos.

En segundo lugar, sostiene que el Consejo Nacional Electoral es el único encargado de organizar, dirigir y declarar los procesos electorales. Este ya ha emitido la declaración oficial de las elecciones generales del año 2025 en las fechas que la ley estableció.

Agrega que, después de emitida esa declaración, el Tribunal de Justicia Electoral debe ser el único organismo jurisdiccional que conozca cualquier disputa en términos electorales.

Acciones ilícitas

El documento también indica que la convocatoria y realización de una supuesta sesión legislativa cuyo objetivo es «leer y debatir el informe sobre las elecciones generales del 2025», así como la adopción de un decreto a partir de dicha reunión, es —de acuerdo con lo planteado— una acción ilegal que podría dificultar la transición pacífica del poder.

Esto se refiere a lo señalado por la Organización de Estados Americanos en su declaración pública acerca de los acontecimientos.

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Solicitud de veto

Las diputadas, en última instancia, exhortan a la presidenta Castro a utilizar su derecho constitucional de veto, fundamentándose en el artículo 216 de la Constitución, y devolver el proyecto al Congreso Nacional dentro del período legal de diez días.

En el documento enfatizan que esa decisión ayudaría a proteger la supremacía constitucional, el Estado de Derecho y prevenir la posible comisión de responsabilidades penales, reiterando que hacen su solicitud conforme a las leyes electorales y constitucionales en vigor.

El documento está suscrito por las diputadas Fátima Mena, Suyapa Figueroa, Maribel Espinoza Turcios, Francis Arnal y Claudia Ramírez.

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