Recientemente, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha generado expectativas, entre sectores de la sociedad y expertos, al prometer un enfoque riguroso contra la corrupción y el narcotráfico.

Las declaraciones del fiscal, en las que se comprometió a perseguir a políticos y empresarios de alto perfil implicados en estos delitos, han sido bien recibidas por el pueblo hondureño, que demanda acciones concretas y no meras promesas.

Los hondureños exigen que la lucha contra la corrupción no se quede en meros operativos de bajo perfil, sino que también apunte a los «peces gordos» de la política y el empresariado.

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En este sentido, la sociedad civil subraya que el verdadero impacto de las acciones del fiscal general se medirá en la captura y procesamiento de figuras prominentes, más allá de las detenciones de menores implicados.

Los expertos en justicia y derechos humanos opinan que, aunque las palabras de Johel Zelaya son un paso en la dirección correcta, el verdadero desafío radica en la ejecución efectiva de estas promesas.

Para que el compromiso del fiscal gane credibilidad y apoyo continuo, será esencial que se demuestre una voluntad firme y transparente en el combate contra la corrupción y el narcotráfico, sin distinción de jerarquías.