La designada presidencial María Antonieta Mejía respaldó públicamente que el Congreso Nacional aplique un juicio político contra funcionarios que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), afectaron el proceso electoral en Honduras.

La funcionaria enfatizó que esta medida busca garantizar justicia y sentar un precedente, más allá de motivaciones personales o políticas.

Solidaridad y apoyo a consejeros del CNE

Mejía expresó su solidaridad con la consejera Cossette López Osorio, quien denunció persecución política y judicial.

“Respetamos mucho el sentir de la consejera López Osorio. Sabemos del ataque que sufrió por parte del Ministerio Público y de otras personas que instrumentalizaron la justicia”, afirmó la designada presidencial, destacando la importancia de investigar y sancionar las arbitrariedades cometidas durante el proceso electoral.

La funcionaria resaltó que, aunque el Congreso Nacional toma la decisión final sobre el juicio político, el Ejecutivo respalda las acciones que castigan a quienes actúan al margen de la ley, previenen la impunidad y fortalecen la democracia.

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Justicia para frenar la impunidad

Mejía aseguró que el juicio político no busca la venganza, sino proteger el correcto ejercicio de las funciones públicas.

“Si no aplicamos consecuencias, fomentamos la impunidad, y eso afecta directamente a la ciudadanía”, advirtió, refiriéndose a funcionarios que retrasaron el calendario electoral y pusieron en riesgo la democracia.

Entre los casos mencionados, identificó la negligencia de Marlon Ochoa, quien paralizó el calendario electoral durante un mes, y cuestionó la intervención de Luis Redondo en el conteo del voto por voto.

Mejía insistió en que el Congreso debe investigar todas estas actuaciones para garantizar que no queden impunes.

Expectativa en el Congreso Nacional

Mejía señaló que, aunque los partidos nacionalistas priorizan otros temas en el Congreso, espera que las próximas semanas se aborde el juicio político.

La designada presidencial reiteró que esta medida asegura que los futuros funcionarios actúen dentro del marco de la ley y respondan con responsabilidad ante los ciudadanos.

Con este respaldo del Ejecutivo, se envía un mensaje claro: la democracia y la justicia deben prevalecer, y quienes atenten contra ellas deben enfrentar consecuencias legales, sin importar su posición o afiliación política.

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