El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) analiza una serie de demandas millonarias presentadas contra el Estado de Honduras y aseguró que algunas presentan indicios de fraude que podrían derivar en investigaciones penales.

Durante una entrevista, el funcionario afirmó que existen casos en los que personas habrían utilizado mecanismos irregulares para reclamar indemnizaciones o pagos contra el Estado, pese a que supuestamente no tendrían derecho legal para hacerlo.

Detectan posibles irregularidades en demandas

Aspra explicó que la Procuraduría revisa cada expediente antes de decidir si procede una conciliación o si el caso debe continuar en los tribunales.

Según detalló, algunas demandas presentan elementos que generan sospechas sobre su legalidad, por lo que están siendo sometidas a análisis técnicos y jurídicos.

«Hay muchas demandas que tienen indicios graves de fraude y las estamos investigando», manifestó.

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Señalan uso indebido de identidades

Uno de los hallazgos que más preocupa a la Procuraduría es que algunas personas habrían utilizado identidades de terceros para presentar reclamaciones contra el Estado.

De acuerdo con Aspra, durante las revisiones se han encontrado casos en los que los supuestos demandantes ni siquiera habrían trabajado para instituciones públicas.

Incluso aseguró que se han detectado situaciones donde menores de edad aparecen vinculados a expedientes judiciales relacionados con reclamos económicos.

Expedientes ya son revisados junto al Ministerio Público

El procurador informó que parte de la documentación recopilada ya está siendo analizada en coordinación con el Ministerio Público.

Aunque no precisó cuántos casos han sido remitidos formalmente, confirmó que existen mesas técnicas de trabajo entre ambas instituciones para investigar posibles delitos.

«El traslado de información al Ministerio Público es prácticamente inmediato porque trabajamos de manera conjunta», señaló.

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Habla de posibles estructuras criminales

Aspra también aseguró que las investigaciones apuntan a la posible existencia de redes organizadas dedicadas a presentar demandas fraudulentas contra el Estado.

Según indicó, algunas personas habrían aprovechado vacíos o mecanismos legales para construir reclamos que posteriormente terminaban generando pagos millonarios con fondos públicos.

«Creemos que existen estructuras criminales que se construyeron para efectos de defraudación», afirmó.

Buscan evitar impacto en las finanzas públicas

El titular de la PGR sostuvo que uno de los objetivos de las revisiones es evitar afectaciones económicas a las finanzas estatales.

Por ello, explicó que cada solicitud de conciliación es sometida a evaluaciones jurídicas y financieras antes de tomar una decisión.

Asimismo, adelantó que en los próximos meses podrían conocerse nuevos avances sobre las investigaciones relacionadas con estas demandas.

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