El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que instituciones como la Comisión Nacional de Deportes (Condepor) y la Procuraduría General de la República (PGR) enfrentan graves irregularidades financieras que evidencian una emergencia fiscal en Honduras. Según detalló, las deudas acumuladas superan los 600 millones de lempiras, dejando a varias dependencias sin recursos para operar.

Aspra aseguró que se ha detectado una “multiplicación de demandas” que se traduce en daño patrimonial al Estado.

Además, señaló un gasto excesivo en planillas, viáticos y compras, así como obras ejecutadas mediante créditos que no fueron pagados a proveedores, generando ahora una fuerte carga económica para el gobierno actual.

Más de 40 proyectos deportivos paralizados

Por su parte, el viceministro de la Comisión Nacional de Deportes, Armando Vinicio Valdés, confirmó que existen al menos 42 proyectos de infraestructura deportiva detenidos en todo el país.

La deuda con empresas constructoras oscila entre 500 y 550 millones de lempiras, lo que ha provocado la paralización de canchas y otras obras a nivel nacional.

A esta situación se suman múltiples demandas laborales, lo que complica aún más el panorama financiero.

Según las autoridades, el déficit limita la capacidad operativa de las instituciones y obliga a priorizar pagos urgentes mientras se buscan soluciones para reactivar los proyectos inconclusos.

Posturas encontradas y debate político

Mientras las nuevas autoridades sostienen que heredaron una crisis financiera severa, exfuncionarios argumentan que las declaraciones buscan desviar la atención.

Señalan que Honduras ya enfrentaba un alto nivel de endeudamiento y que el gobierno anterior cumplió con compromisos de pago dentro de las limitaciones presupuestarias existentes.

La situación ha generado un debate político sobre la administración de recursos públicos y la transparencia en la ejecución de proyectos.

Entretanto, el Ministerio de Finanzas reconoce el déficit fiscal, en medio de un escenario que mantiene en incertidumbre la continuidad de obras deportivas y el saneamiento financiero de las instituciones señaladas.

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