El veredicto contra Carl Zaglin, empresario de Georgia y propietario de Atlanco, lo responsabiliza de haber financiado sobornos a funcionarios hondureños con el fin de asegurar contratos millonarios de uniformes policiales.

La decisión llegó tras días de intensas deliberaciones en una corte estadounidense y marca el cierre de un juicio que expuso las señaladas prácticas corruptas detrás de la adjudicación de la Tasa de Seguridad Poblacional o Tasón en Honduras.

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La fiscalía demostró que entre 2015 y 2019, Atlanco recibió contratos superiores a los 10 millones de dólares, gracias a pagos ilegales autorizados por Zaglin a exdirectores de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina. Ambos exfuncionarios ya se habían declarado culpables. Las pruebas incluyeron transferencias bancarias, facturas manipuladas y grabaciones de audio en las que el empresario reconocía conocer el mecanismo de pagos.

El proceso judicial reveló testimonios clave sobre cómo operaba el esquema. Aldo Marchena, exbanquero condenado, confesó haber entregado dinero en representación de Zaglin. Luis y Bryan Berkman, antiguos ejecutivos de Atlanco, aseguraron que fabricaron documentos falsos para desviar fondos hacia los funcionarios. Incluso Molina Rodríguez admitió haber recibido más de 114,000 dólares a través de su empresa registrada en Belice.

Para el fiscal Peter Cooch, las pruebas no dejaron espacio a dudas: Zaglin “prometió, pagó y autorizó” sobornos, aceptando la corrupción como estrategia de negocios. En ese sentido, el veredicto del jurado indica la responsabilidad directa del empresario en un plan de pagos ilícitos que comprometió la institucionalidad en el caso del denominado «tasón en Honduras».

La defensa, sin embargo, intentó desligar al acusado de toda intención criminal. Craig Gillen, abogado de Zaglin, argumentó que las comisiones fueron parte de prácticas comerciales habituales y que el empresario actuó con asesoría legal bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Además, cuestionó la credibilidad de los testigos, acusándolos de modificar sus declaraciones en busca de beneficios judiciales.

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Con el fallo emitido, Carl Zaglin enfrenta ahora la etapa de sentencia, en la que un juez determinará la sentencia que deberá cumplir en Estados Unidos.