El pago del gobierno de Honduras a las brigadas de médicos cubanos ha generado debate tras revelarse que, en los últimos dos años, el Estado habría desembolsado más de 172 millones de lempiras por estos servicios. Según autoridades, cada profesional representaba un costo mensual de entre 1,600 y 2,500 dólares.

Sin embargo, se señaló que de ese monto el régimen cubano entregaba alrededor de 30 dólares mensuales a cada médico, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el manejo del convenio y el destino real de los fondos públicos.

Señalamientos de un acuerdo con tinte político

Algunos sectores sostienen que el acuerdo tuvo un trasfondo más político que humanitario, asegurando que el principal beneficiado habría sido el gobierno de la isla y no el sistema de salud hondureño.

El convenio contemplaba la presencia de 172 profesionales de la medicina distribuidos en distintas zonas del país.

No obstante, defensores del programa argumentan que el pago realizado era simbólico y que Cuba únicamente cobraba gastos básicos como alimentación y hospedaje.

También afirman que la brigada respondía a un gesto de solidaridad hacia Honduras y que los resultados en atención médica fueron positivos para comunidades vulnerables.

Cancillería y cambios en el sistema de salud

Se conoció además que autoridades de Cancillería se habrían negado inicialmente a firmar el convenio, aunque finalmente fue suscrito por el entonces secretario de Planificación, quien defendió la iniciativa como una brigada voluntaria destinada a cubrir zonas donde médicos nacionales no prestaban servicio.

Tras la salida de los médicos cubanos, las autoridades informaron que los espacios serán ocupados por profesionales hondureños, lo que representaría un menor costo para el Estado.

El tema continúa generando opiniones divididas entre quienes lo consideran un apoyo solidario y quienes cuestionan la transparencia y conveniencia del acuerdo.

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