La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a cuatro inspectores para investigar al juez Francisco Álvarez, luego de sus resoluciones en el caso de Koriun Inversiones, donde otorgó medidas distintas a la prisión preventiva al gerente Iván Velásquez.

La medida surge tras fuertes cuestionamientos a sus decisiones recientes en procesos de alto impacto, lo que ha colocado su actuación bajo revisión dentro del Poder Judicial.

Supervisión revisará todo el proceso del caso Koriun

La Supervisión General del Poder Judicial ejecutará la inspección y analizará de forma integral el expediente del caso Koriun.

El informe revisará las decisiones adoptadas por el juez, el cumplimiento de los plazos procesales y la legalidad de las medidas dictadas en el proceso.

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Cambio y revocatoria de medidas generó controversia

El caso generó controversia luego de que el juez modificara la medida de prisión preventiva y dictara una caución de 25 millones de lempiras, lo que abría la posibilidad de que el imputado defendiera el proceso en libertad.

Sin embargo, posteriormente el juez revocó la decisión y ordenó nuevamente la prisión preventiva, lo que provocó incertidumbre entre los afectados por el caso.

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Inversionistas reaccionan y caso escala a nivel nacional

Decenas de inversionistas se trasladaron hasta la Penitenciaría Nacional de Támara tras la expectativa de una posible liberación del acusado, en quien aún mantenían la esperanza de recuperar su dinero.

El caso Koriun Inversiones se considera una de las estafas tipo Ponzi más grandes en Honduras, con más de 30 mil personas afectadas por el esquema.

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MP acusa a Iván Velásquez por varios delitos

El Ministerio Público mantiene acusaciones contra Iván Velásquez por delitos como lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia.

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CSJ amplía revisión a otros casos del juez

La investigación también incluye otros expedientes resueltos por el juez Álvarez, entre ellos una disputa de tierras en la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa.

Las autoridades buscan determinar si las resoluciones se ajustan a derecho y reforzar la confianza en el sistema judicial hondureño ante casos de alto impacto social y económico.