La crisis política que estalló tras las elecciones del 30 de noviembre de 2025 volvió a tomar fuerza con un nuevo pronunciamiento internacional.
Ocho gobiernos latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación en Honduras y pidieron preservar la institucionalidad ante decisiones que, aseguran, pueden erosionar el sistema democrático.

Región alerta sobre retrocesos

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana firmaron un comunicado conjunto donde advierten sobre los riesgos que enfrenta la estabilidad hondureña.

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Los gobiernos sostienen que cualquier intento por debilitar a los entes electorales o alterar los procedimientos de conteo establecidos en la ley afecta la confianza ciudadana y pone en jaque la gobernabilidad democrática de la región.

El decreto que desató controversia

La tensión aumentó el 8 de enero, cuando una mayoría de diputados oficialistas aprobó un decreto para ordenar un nuevo conteo de actas electorales:

• 306 actas presidenciales

• 2,620 de diputados

• 1,848 de alcaldías

El documento obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar el proceso completo y advierte que, si no cumple, el Congreso Nacional asumirá la tarea.
La presidenta Xiomara Castro firmó y publicó el decreto en La Gaceta, lo que desató reacciones inmediatas dentro y fuera del país.

Rechazo a la violencia y llamado al diálogo

Los ocho países remarcaron que respetar las reglas electorales y permitir a las instituciones cumplir su mandato constituye un pilar democrático irrenunciable.
También rechazaron cualquier acto de violencia política, señalando que estos episodios agravan la polarización y golpean el Estado de derecho.

Los gobiernos recordaron que las misiones internacionales ya validaron los resultados oficiales y solicitaron que las partes resuelvan diferencias dentro del marco constitucional.

Mensaje regional contundente

El pronunciamiento envía una señal clara: Honduras debe encauzar su crisis por vías institucionales, sin decisiones que alimenten la confrontación.

Para los países firmantes, la única salida legítima pasa por respetar la voluntad popular, mantener la paz social y reforzar el Estado de derecho mientras el país atraviesa un momento decisivo para su democracia.

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