Tras las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien calificó como “un acto ilegal” la presentación de ofertas para la contratación del sistema biométrico, juristas constitucionalistas han salido al paso para defender la legalidad del proceso.

Según expertos en derecho electoral, la licitación se ha realizado conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones. “No establece ningún tipo de ilegalidad. Podría llegar a haber algún tipo de problema si acaso la oferta no llegase a cumplir con el pliego de condiciones que se ha establecido”, explicó uno de los expertos consultados.

Posible impugnación y rol del Tribunal Electoral

Ante la controversia generada por la participación de la empresa ofertante, los especialistas señalaron que el proceso podría ser impugnado y trasladado al Tribunal de Justicia Electoral, instancia encargada de interpretar y resolver legalmente cualquier desacuerdo entre los partidos políticos.

“Podrían recurrir al mismo Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que existe para que este tribunal sea el que interprete y resuelva la situación legalmente”, indicó Rodil Rivera, abogado constitucionalista.

 

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Urge consenso entre consejeros

Los juristas también enfatizaron que el sistema biométrico es una herramienta clave para garantizar transparencia en las elecciones generales. “Es necesario que los consejeros lleguen a acuerdos para no continuar con conflicto”, advirtieron.

Recordaron que, en las elecciones internas, todos los partidos, incluido el Partido Libertad y Refundación, utilizaron tecnología biométrica. “Entonces, no puede ser el Partido Libertad y Refundación quien ahora cuestione su implementación”, señala Frank Galo, jurista constitucionalista.

La discusión sobre la legalidad del proceso se suma a las tensiones internas del CNE, donde la falta de consenso podría afectar el calendario electoral.

 

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