El Congreso Nacional entregó al Ministerio Público (MP) los expedientes de los recientes juicios políticos contra altos exfuncionarios, incluyendo al exfiscal Johel Zelaya y al exmagistrado Mario Morazán. La Fiscalía analizará la documentación para determinar si procede presentar requerimientos fiscales.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, acompañado por el diputado Francis Cabrera y asesores legales, presentó este martes los expedientes de los juicios políticos al Ministerio Público. La entrega se realizó en respuesta a una solicitud formal de la Fiscalía hondureña.

La directora de fiscales, Alicia Puerto, junto al subsecretario general Fernando Navarro, recibió la documentación y aseguró que se llevará a cabo un análisis jurídico antes de decidir si se presentan requerimientos fiscales. El portavoz del MP, Yuri Mora, confirmó que los expedientes incluyen denuncias, testimonios y acusaciones recopiladas durante los procesos legislativos.

Juicios políticos recientes

Los expedientes corresponden a los procesos contra:

• Johel Zelaya, exfiscal general, destituido el 25 de marzo con 93 votos de cuatro bancadas.
• Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), cesado el 16 de abril.
• Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), también destituido el 16 de abril.
• Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes del TJE, removidos el mismo día.

El Congreso Nacional actuó bajo el procedimiento constitucional que exige el respaldo de más de dos tercios de la Cámara Legislativa.

Los juicios políticos se fundamentaron en acusaciones de intento de sabotaje a las elecciones generales de noviembre de 2025, además de otras irregularidades señaladas en el ejercicio de sus funciones.

Implicaciones institucionales

El Congreso Nacional afirmó que con la entrega de los expedientes “cerró el ciclo” correspondiente a los juicios políticos, dejando en manos del Ministerio Público la decisión de avanzar hacia procesos penales.

Ledezma subrayó que el Legislativo actuó de manera “responsable y objetiva”, respetando los procedimientos legales.

Este paso abre la posibilidad de que los casos trasciendan del ámbito político al judicial, lo que podría marcar un precedente en la relación entre el Congreso Nacional y la Fiscalía en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

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