El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra el femicidio, endureciendo las penas para los responsables y creando órganos jurisdiccionales especializados para conocer estos casos, en una medida que busca reducir la impunidad y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

Entre los cambios aprobados destaca el incremento de las penas para quienes cometan este delito.

De acuerdo con las reformas, el femicidio será castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que el femicidio agravado será sancionado con condenas de 30 a 40 años. Además, mediante modificaciones a las reglas de aplicación de las penas, las condenas podrían alcanzar hasta los 60 años de reclusión en los casos más graves.

Sanciones más severas

Según lo expuesto durante la discusión legislativa, las reformas también contemplan cambios a los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, con el propósito de imponer sanciones más severas a quienes le quiten la vida a una mujer por razones de género y garantizar que estos delitos reciban un tratamiento diferenciado dentro del sistema judicial.

Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa es la creación de juzgados y órganos jurisdiccionales especializados para el juzgamiento de casos de femicidio.

La propuesta busca que estos procesos sean atendidos por personal con formación específica en violencia contra la mujer y perspectiva de género, con el objetivo de agilizar las investigaciones y fortalecer la protección de los derechos de las víctimas.

Elevados índices

Las reformas llegan en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras.

Datos citados por diversos sectores indican que el país continúa registrando altos índices de muertes violentas de mujeres, situación que ha motivado el impulso de medidas legislativas para fortalecer la persecución penal y reducir los niveles de impunidad.

Durante el debate parlamentario, diputados de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de enviar un mensaje contundente contra la violencia de género. Asimismo, señalaron que el endurecimiento de las penas debe ir acompañado de investigaciones eficaces y de un fortalecimiento institucional que permita garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

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