La noche del 25 de marzo de 2026, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, dio lectura a la carta de renuncia irrevocable presentada por la abogada Rebeca Ráquel Obando, quien deja el cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, la titularidad del Poder Judicial de Honduras.

En su escrito, Obando aclaró que la dimisión aplica únicamente a la presidencia, por lo que seguirá ejerciendo como magistrada propietaria hasta el final del período constitucional 2023-2030.

La decisión se fundamenta en la aprobación del decreto legislativo 10-2026, que transfirió al pleno de la Corte las facultades administrativas que antes correspondían a la presidencia.

 

 

 

Reducción de atribuciones

 

Obando señaló que esta reforma eliminó de manera sustancial sus atribuciones, por lo que consideró necesario dejar el cargo ejecutivo en aras de fortalecer la institucionalidad y respetar el nuevo marco legal.

Durante su gestión, afirmó haber trabajado con la convicción de contribuir a una Honduras más justa, defendiendo la independencia judicial y el acceso igualitario a la justicia como pilares de la democracia.

Agradeció al Congreso Nacional, al pleno de la Corte y a la ciudadanía por el respaldo recibido, y reiteró su disposición para colaborar en cualquier diligencia legal o administrativa derivada de su renuncia.

 

 

Juicios políticos a operadores de justicia

 

La salida de Obando ocurre a poco tiempo de la destitución del fiscal general Johel Zelaya y la juramentación de su sucesor, Pablo Emilio Reyes Theodore.

Su renuncia evita que se concretara el juicio político que ya había sido solicitado en su contra, lo que genera debate sobre la independencia judicial y el uso de mecanismos legislativos para remover a altos funcionarios.

Ahora, el Congreso Nacional deberá aceptar formalmente la renuncia y definir quién asumirá la presidencia de la CSJ, en medio de un escenario de crisis institucional que ha sacudido al país en menos de 48 horas.

 

 

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