En medio de una creciente polarización política, el Congreso Nacional aprobó en las últimas horas, un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, en paralelo a un tenso debate sobre la controvertida Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Ejecutivo.

Pese a que el oficialismo defiende ambas decisiones como pasos hacia la justicia fiscal y el fortalecimiento del Estado, analistas y expertos han criticado duramente lo que califican como una gestión opaca, partidista y alejada del bienestar común. Aseguran que el Congreso sigue actuando bajo un estilo maniobrero y poco transparente que profundiza la crisis de credibilidad de las instituciones democráticas.

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De esta manera, la Ley de Justicia Tributaria, que busca reformar el sistema fiscal bajo el argumento de eliminar privilegios y aumentar la recaudación, ha generado una fuerte resistencia tanto en la oposición como en sectores económicos.

Críticos advierten que, sin un diseño técnico claro ni instituciones sólidas que garanticen su aplicación imparcial, la nueva legislación podría convertirse en un instrumento de presión económica y control político.

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